MADRID.– En las últimas 24 horas, el escenario político dentro del Congreso de los Diputados ha dado un giro significativo. Los socios del Gobierno en coalición (Sumar) y los aliados fundamentales para la investidura, entre ellos ERC y Podemos, han reducido la dureza de sus discursos y han adoptado una actitud prudente después de analizar el auto de 85 páginas que imputa al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Este cambio contrasta con las reacciones del pasado martes, cuando los partidos de izquierda defendieron de manera unánime que se trataba de un supuesto lawfare o una «guerra sucia judicial». No obstante, la solidez de los indicios incluidos en el documento de la Audiencia Nacional, que acusa a Zapatero de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con el ‘caso Plus Ultra’, ha llevado a estas formaciones a moderar sus comentarios.
De la acusación de ‘lawfare’ a la solicitud de investigación
El cambio en las declaraciones de los portavoces principales evidencian un paso desde la defensa política incondicional hacia la demanda de aclaraciones:
- Sumar: La portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que el martes denunciaba una persecución judicial, ahora afirmó que «los jueces deben cumplir con su trabajo» y desean que «se investigue todo a fondo». Sin embargo, añadió que «parece ser más sencillo imputar a políticos de izquierda». En conversaciones privadas con la Agencia EFE, varios diputados han reconocido que el auto presenta indicios incriminatorios considerables.
- Izquierda Unida y Compromís (dentro de Sumar): En el interior del grupo, las opiniones reflejan inquietud. El diputado de IU, Enrique Santiago, evitó emplear el término lawfare y afirmó con firmeza: «Si ha habido cobros por gestiones políticas, eso constituye un delito». A su vez, Alberto Ibáñez (Compromís) indicó de manera directa que el escrito judicial «no resulta convincente».
Respuestas del bloque de investidura: «El auto está bien fundamentado»
Los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo también han moderado las críticas hacia la judicatura tras revisar el documento preliminar de la Audiencia Nacional.
Gabriel Rufián (ERC)
El portavoz de ERC, quien apenas un día antes aseguró que la justicia estaba «perseguimiento al PSOE», adoptó un tono distinto durante la sesión de control al Gobierno este miércoles. Aunque reiteró que existe una «cacería judicial» general contra la izquierda, reconoció ante el presidente Pedro Sánchez que el auto judicial está «bien redactado» y expresó gráficamente:
«Si es cierto, es un problema grave y si es falso, es un problema aún mayor».
Ione Belarra (Podemos)
La líder de Podemos se había sumado el martes a la teoría de la «guerra sucia judicial», señalando que la derecha «tiene especial animadversión» hacia el expresidente por su perfil político. Tras la publicación del auto, Belarra se ha abstenido de ahondar en teorías conspirativas y solo ha señalado que esta situación «no ofrece buenas perspectivas».
Además, diputadas como Àgueda Micó (Compromís, Grupo Mixto) han manifestado abiertamente sus reservas sobre que se trate de una persecución política, mientras que el PNV, a través de su portavoz Maribel Vaquero, ha mantenido una posición constante desde el inicio, insistiendo en la necesidad de actuar con prudencia institucional.
