Este 7 de julio se conmemoran diez años desde la agresión sexual sufrida por una joven de 18 años perpetrada por cinco hombres durante los Sanfermines de 2016. El proceso judicial, que inició con una polémica condena por abuso sexual en la Audiencia Provincial de Navarra, finalizó en el Tribunal Supremo con una sentencia por violación que incentivó la reforma penal sobre el consentimiento.
El 7 de julio de 2026 marca el décimo aniversario de uno de los casos con mayor repercusión social y legal en la historia reciente de España: el conocido como ‘La manada’. Los hechos sucedieron en Pamplona, en la madrugada del 7 de julio de 2016, en el contexto de las fiestas de San Fermín. En el portal de un domicilio de la capital navarra, una joven de 18 años fue víctima de una agresión sexual por parte de cinco hombres integrantes de un grupo de WhatsApp llamado ‘La manada’.
Los cinco hombres fueron arrestados la mañana siguiente y acusados inicialmente de abuso sexual. La sociedad reaccionó con manifestaciones masivas en todo el país, reclamando que se les condenara por violación. Este caso supuso un cambio significativo en la percepción pública y marcó un punto de inflexión en la legislación referente a los delitos sexuales en España.
El controvertido juicio en la Audiencia Provincial de Navarra
El procedimiento judicial comenzó en la Audiencia Provincial de Navarra, con la primera sesión fijada para el 13 de noviembre de 2017. El juicio se extendió por 13 sesiones a puerta cerrada para proteger la privacidad de la víctima. Tanto la Comunidad de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona se personaron como acusación popular.
Durante el juicio, la defensa se centró en cuestionar la conducta de la joven, tratando de probar que hubo consentimiento. Esta estrategia implicó un escrutinio público hacia la víctima, cuestionando por qué iba sola, por qué accedió a entrar en el portal o si había consumido alcohol o drogas. Su vida privada fue objeto de seguimiento, incluyendo detalles sobre sus amistades, estudios y residencia; incluso su identidad, dirección y fotografía fueron divulgadas. La defensa contrató a una agencia de detectives para elaborar un informe sobre la víctima, que finalmente no fue admitido, aunque el proceso afectó negativamente su salud mental.
En 2018, la Audiencia Provincial de Navarra dictó una sentencia controvertida que condenó a los cinco acusados —José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido— a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. El tribunal consideró que no se había probado la existencia de violencia o intimidación, fallo que generó rechazo en la opinión pública.
Reacciones sociales y el movimiento «Cuéntalo»
Paralelamente al proceso judicial, se celebraron multitudinarias manifestaciones bajo el lema «No es abuso, es violación», principalmente frente a la Audiencia Provincial de Navarra. Estas protestas no lograron influir en la actuación del tribunal.
El caso tuvo también una gran repercusión en las redes sociales, dando origen al movimiento viral «Cuéntalo». De manera similar al movimiento estadounidense ‘Me Too’, permitió a mujeres de toda España compartir públicamente, por primera vez, experiencias de agresiones sexuales sufridas a lo largo de su vida, muchas desde la infancia, que hasta entonces no habían expresado.
La sentencia del Tribunal Supremo y la reforma legislativa
Tras los recursos interpuestos contra la sentencia navarra, el caso llegó al Tribunal Supremo. Este tribunal modificó la calificación jurídica y dictaminó por unanimidad que los hechos constituyeron un delito continuado de violación, descartando la figura de «abuso sexual con prevalimiento». Como consecuencia, incrementó la condena a 15 años de prisión para cada acusado.
El Tribunal Supremo fundamentó la existencia de intimidación debido a que la víctima se encontraba confinada en un espacio reducido y estaba superada en número por los agresores, anulándose así su voluntad. Además, consideró circunstancias agravantes por el trato vejatorio y la colaboración conjunta de los implicados.
Esta resolución unánime marcó un precedente legal que promovió reformas posteriores en España. En este contexto, el Ministerio de Igualdad impulsó la reforma del Código Penal conocida popularmente como la ley del «Solo sí es sí». Esta normativa eliminó la distinción legal entre abuso y agresión sexual, integrando todas las conductas sexuales no consentidas bajo la categoría de agresión. La aplicación de esta ley conllevó que numerosas condenas por agresiones sexuales fueran rebajadas en todo el país, excepto la de Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, quien rechazó acogerse a la reducción de pena.
