Un informe de Intervención aprecia un conflicto de interés al destinar fondos públicos al alquiler de un local heredado parcialmente por el edil, mientras la coordinadora local del partido también está siendo investigada por un presunto fraude en el suministro de agua.
El grupo municipal de Vox en Mula tendrá que reintegrar 4.224,20 euros de fondos públicos correspondientes a la asignación económica recibida durante 2025 para sufragar los gastos del grupo político. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el reintegro de la cantidad con el respaldo de PSOE, PP e IU, mientras el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, se ausentó del debate y la votación.
La decisión se basa en un informe de fiscalización emitido el pasado 11 de junio, en el que la Intervención municipal concluye que no existe una justificación suficiente del gasto y aprecia indicios de un posible conflicto de interés en el destino de los fondos.
Un local familiar financiado con dinero público
La subvención municipal fue destinada al alquiler de un inmueble utilizado por Vox como despacho y almacén. Sin embargo, la investigación municipal determinó que el concejal Pedro Sevilla posee una participación del 25 % en la propiedad del inmueble al formar parte de la herencia familiar, mientras que la explotación del local corresponde a Grupo Resermu S.L., empresa administrada por su hermano.
El informe considera que esta circunstancia podría haber generado un beneficio económico, directo o indirecto, para un miembro de la Corporación, una situación expresamente prohibida por la legislación que regula la financiación de los grupos políticos municipales.
Además, la empresa arrendadora tiene como actividad principal las instalaciones eléctricas y no la explotación inmobiliaria.
Investigación del Comité Antifraude
La actuación municipal se inició tras una denuncia presentada en marzo de 2025 en la que se cuestionaba el uso efectivo del inmueble como sede política. El escrito aseguraba que el local era una cochera sin actividad visible y señalaba posibles irregularidades urbanísticas relacionadas con el edificio.
A raíz de esta denuncia, el Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió un expediente y solicitó un informe jurídico externo. El dictamen calificó la situación como una «bandera roja» por la posible utilización de fondos públicos para beneficiar a un familiar directo del concejal.
Asimismo, el informe destaca que Pedro Sevilla no presentó la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés requerida por el Ayuntamiento, una omisión que la Intervención considera un incumplimiento relevante de las obligaciones de control y transparencia.
Deficiencias en el contrato de alquiler
La documentación analizada también detectó deficiencias en el contrato de arrendamiento aportado por Vox. Según el informe jurídico, el documento únicamente estaba firmado por el concejal y no recogía el importe de la renta, uno de los elementos esenciales para la validez del contrato.
El precio del alquiler, fijado en 360 euros mensuales, únicamente aparece reflejado en el acta de una asamblea interna celebrada por el partido en diciembre de 2024.
Los servicios jurídicos precisan que el Ayuntamiento no puede declarar la nulidad del contrato al tratarse de una relación jurídica entre particulares, aunque sí valorar la correcta utilización de las subvenciones públicas.
La respuesta de Vox
Pedro Sevilla ha anunciado que devolverá la totalidad de la subvención cuestionada. El edil sostiene que las facturas presentadas eran legales y estaban correctamente declaradas por la empresa arrendadora, aunque reconoce que los gastos finalmente no resultan subvencionables.
También afirma que el inmueble se utilizaba como despacho de atención a los vecinos y almacén de material, no como sede para la celebración de actos políticos.
El concejal defiende que se abstuvo tanto en la votación interna del partido que aprobó el alquiler como en los órganos municipales donde se trató el expediente para evitar cualquier conflicto de interés. No obstante, el informe municipal interpreta precisamente esa abstención como un indicio de que era consciente de la apariencia de falta de imparcialidad.
Antes de que el caso trascendiera públicamente, el grupo municipal ya había acordado dejar de utilizar la subvención municipal durante el ejercicio 2026.
Otra investigación afecta a la dirección local
El caso del alquiler no es el único frente abierto para Vox en Mula. La coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, está siendo investigada tras una inspección realizada el 19 de junio por el Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia.
Según el acta de inspección, elaborada con presencia de la Policía Local, en el inmueble se detectó una conexión directa a la red de abastecimiento sin contador y sin contrato de suministro.
El informe también recoge la presunta manipulación del contador, la alteración de los precintos y una reconexión no autorizada del suministro tras un corte previo por impago.
Aqualia calificó los hechos como una infracción grave y requirió formalmente a la responsable política que regularizara la situación conforme a la normativa vigente.
