Los dirigentes de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura comunican por carta a la ministra Sira Rego su negativa a participar en el reparto y anuncian recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos
Los vicepresidentes de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura han comunicado formalmente al Gobierno su rechazo al reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta y han anunciado que no acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia convocada para el próximo 13 de agosto.
Carlos Pollán, vicepresidente primero de Castilla y León; Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón; y Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, han remitido sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para trasladarle su posición ante la reunión que servirá de paso previo a la Conferencia Sectorial prevista para finales de agosto.
En esa conferencia se abordará la distribución por distintos territorios españoles de los 1.342 menores extranjeros no acompañados que permanecen actualmente en Ceuta, según los datos manejados en la convocatoria.
Los tres dirigentes de Vox consideran que la reunión llega antes de tiempo y sostienen que, antes de plantear cualquier traslado a otras comunidades, deben concluirse los expedientes individualizados de cada menor, con el objetivo de determinar su situación jurídica.
En sus escritos, prácticamente idénticos, defienden que ninguna comunidad autónoma debería aceptar el traslado de menores procedentes de Ceuta mientras no se haya acreditado la tramitación y resolución firme de los procedimientos individualizados legalmente exigibles.
Vox exige resolver primero la situación de cada menor
Los vicepresidentes autonómicos consideran que el debate sobre el reparto no puede producirse sin haber determinado previamente la situación de cada uno de los menores.
Su posición pasa, además, por que dichos expedientes concluyan, cuando corresponda, con el retorno de los menores a Marruecos, bien mediante reunificación familiar o mediante su entrega a la institución tutelar competente del país vecino.
Vox va incluso más allá y anuncia que recurrirá judicialmente aquellos procedimientos que no concluyan con el retorno a Marruecos cuando, según su interpretación jurídica, esta sea la solución procedente.
La formación de Santiago Abascal pretende utilizar así todas las vías institucionales y judiciales disponibles para frenar el mecanismo de distribución de menores, una estrategia que ya estaba contemplada en los acuerdos de gobierno alcanzados con el Partido Popular en las comunidades donde ambas formaciones comparten responsabilidades.
“Invasión” y “guerra híbrida”
En las cartas remitidas a la ministra Sira Rego, los dirigentes de Vox también cuestionan el contenido de la convocatoria y critican que no haga una referencia específica a los acontecimientos registrados en Ceuta durante las últimas semanas.
En particular, reprochan al Gobierno que no se aborden, a su juicio, las responsabilidades del Estado en materia de control y protección de la frontera ni el papel que debe desempeñar Marruecos ante la situación generada.
Los vicepresidentes de Vox también hacen referencia al supuesto ofrecimiento de Marruecos para hacerse cargo de los menores que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria del pasado 30 de julio.
En su escrito, califican aquella entrada irregular masiva como una “invasión de nuestro territorio” y consideran que, por el conjunto de circunstancias que rodearon los acontecimientos, podría encuadrarse como un “acto de guerra híbrida”.
Una estrategia de oposición al reparto
La negativa de los tres vicepresidentes forma parte de la estrategia política anunciada por Vox para oponerse al reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
La formación pretende mantener su rechazo tanto en el terreno político como en el institucional y judicial, aunque el mecanismo estatal de distribución pueda terminar obligando a las comunidades autónomas a asumir los menores que finalmente determine el Gobierno.
La posición también se trasladará a Andalucía, donde Vox mantiene responsabilidades políticas pero su vicepresidente, Manuel Gavira, no ostenta las competencias de inmigración y, por tanto, no está convocado a la Comisión Sectorial del próximo jueves.
El pulso entre Vox y el Gobierno central se intensifica así a las puertas de la Conferencia Sectorial en la que deberá concretarse el reparto. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de distribuir la presión asistencial entre las comunidades autónomas, Vox reclama que cualquier decisión quede supeditada a la resolución individual de cada expediente y, cuando proceda, al retorno de los menores a Marruecos.
