El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en el Congreso una proposición no de ley dirigida a que el Gobierno efectúe el retorno de menores extranjeros no acompañados a Marruecos tras su llegada a Ceuta, y que se suspenda inmediatamente cualquier traslado de estos a otras comunidades autónomas.
Dicha propuesta, propuesta para discusión en la Comisión de Interior, se basa en el convenio acordado entre España y Marruecos en Rabat en 2007 respecto a la prevención de la emigración irregular de menores no acompañados, así como la protección y retorno coordinado.
VOX sitúa su planteamiento en el contexto de los hechos ocurridos en Ceuta la última semana de julio, que califica políticamente como una “entrada masiva de migrantes” y como un supuesto episodio de “guerra híbrida” atribuido al Gobierno marroquí.
VOX pide activar el convenio suscrito con Marruecos en 2007
La formación sostiene que el tratado hispano-marroquí sigue vigente y establece procedimientos para facilitar el retorno asistido de menores a sus familiares o a instituciones de protección en sus países, así como para su reincorporación social.
Partiendo de esta interpretación, VOX considera que España debería promover el regreso de los menores marroquíes actualmente bajo tutela de las autoridades nacionales.
El partido cuestiona que estos menores permanezcan sin plazo definido en centros españoles y señala que la prioridad ha de ser su reagrupamiento familiar en Marruecos cuando sea posible.
La formación menciona alrededor de 80.000 migrantes llegados a Ceuta
En la proposición, VOX indica que durante la última semana de julio habrían llegado a Ceuta aproximadamente 80.000 inmigrantes irregulares, aunque reconoce que no existe aún una cifra definitiva según su propio planteamiento.
Esta cifra corresponde a la estimación contenida en la iniciativa parlamentaria y surge en un contexto con diversos datos acerca de la magnitud de las entradas en esos días.
VOX emplea la escala del suceso para argumentar que la capacidad de acogida de una ciudad con cerca de 84.000 habitantes se ha visto sometida a una presión excepcional.
VOX se opone al reparto de menores por el territorio nacional
Un punto esencial de la proposición es solicitar la paralización de cualquier traslado territorial de menores extranjeros no acompañados originarios de Ceuta.
El grupo parlamentario critica que el Ejecutivo contemple su distribución a diversas comunidades autónomas y menciona que algunas administraciones regionales ya han expresado desacuerdo.
VOX defiende que deben concluir los procedimientos para la determinación de edad y el análisis individual de cada caso antes de realizar cualquier traslado.
Solicita pruebas de edad y evaluaciones individuales antes de cualquier traslado
La propuesta presentada en el Congreso exige que ningún menor ubicado actualmente en Ceuta sea desplazado hasta que finalicen las pruebas para determinar la edad y los expedientes personalizados correspondientes.
Además, requiere que todo procedimiento relacionado con el retorno se concluya con resoluciones administrativas o judiciales firmes.
Con ello, VOX propone que la gestión de esta cuestión se oriente principalmente al retorno a sus países y a la reunificación familiar.
La formación responsabiliza a Marruecos de usar la migración con fines políticos
La proposición incluye una de las críticas políticas más firmes hechas por VOX tras la crisis en Ceuta.
El partido se refiere a un presunto “acto de guerra híbrida a través de la utilización de migrantes ilegales por parte de Marruecos”.
Esta es la interpretación política de VOX sobre los hechos y no un dictamen final de las autoridades competentes.
La formación sostiene que la respuesta del Gobierno debería incluir una reclamación directa a Marruecos para que respete el acuerdo bilateral de 2007.
Dos demandas clave al Ejecutivo
La proposición no de ley se centra en dos demandas principales.
Primero, solicita el cumplimiento del convenio con Marruecos para permitir el retorno de menores no acompañados y su reagrupamiento familiar en sus países de origen.
Segundo, pide la suspensión inmediata de cualquier distribución territorial en España hasta que se completen las verificaciones de edad y los expedientes pertinentes.
La iniciativa será debatida próximamente en la Comisión de Interior del Congreso, donde los demás grupos podrán expresar su postura sobre un tema que ha adquirido gran relevancia política tras la crisis de Ceuta.
