SANTIAGO DE COMPOSTELA – En una declaración que modifica el escenario político de la izquierda española, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó el 19 de abril de 2026 que no formará parte de ninguna candidatura en las elecciones generales previstas para 2027.
Díaz, quien ya anunció en febrero que no volvería a presentarse como candidata a la presidencia, fue más clara aún en una entrevista para Radio Galicia (Cadena SER). Al ser consultada sobre la posibilidad de mantener un lugar secundario en las listas para respaldar a su espacio político, respondió con un rotundo: «Categóricamente, no».
Prioridad a su vida personal y cierre de etapa
La ministra defendió que la política debe entenderse como una etapa temporal y no una carrera continua. Explicó que su objetivo al concluir la legislatura actual es dedicarse a su familia y recuperar su vida privada.
«La política es una estación de paso», señaló Díaz, enfatizando que su compromiso es completar la legislatura enfocándose en la agenda laboral pendiente.
El futuro de la izquierda: unidad sin liderazgos personales
A pesar de retirarse de la primera línea electoral, Díaz aseguró que su esfuerzo se centrará en evitar un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Indicó las claves para el futuro del espacio situado a la izquierda del PSOE:
- Programa de mínimos: alentó a las formaciones a priorizar los puntos en común por encima de las diferencias.
- Una herramienta de esperanza: manifestó que el proyecto debe superar la figura de nombres y personas.
- Apertura a otros liderazgos: evitó confirmar vetos o apoyos específicos a figuras como Irene Montero o Gabriel Rufián, señalando que cualquier iniciativa que contribuya será «bienvenida».
Situación en Galicia y relación con la Xunta
Aunque descartó volver a la política nacional, Díaz fue más cauta sobre un posible retorno a la política gallega, recordando que nunca se alejó de Galicia.
En el ámbito autonómico, la ministra aprovechó para advertir al ejecutivo gallego: si la Xunta intensifica el control sobre las bajas laborales, el Ministerio de Trabajo recurrirá al Tribunal Constitucional, alegando que esta competencia corresponde exclusivamente al Estado.
