MADRID. – José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha avanzado en su defensa dentro del ‘caso Plus Ultra’, en el cual figura como imputado. Mediante diferentes recursos presentados ante la Audiencia Nacional, el exlíder del PSOE cuestiona nuevamente la legitimidad del origen del procedimiento, alegando que las pruebas fundamentales podrían ser inválidas y denunciando una posible vulneración de sus derechos constitucionales.
La defensa de Zapatero focaliza su argumentación en la falta de garantía en la cadena de custodia del teléfono móvil confiscado al empresario venezolano Rodolfo Reyes, expropietario de la aerolínea, cuyas comunicaciones interceptadas constituyen una base esencial para la investigación.
La función de la agencia estadounidense ‘Homeland Security’
Víctor Moreno Catena, abogado del expresidente, ha destacado como «fundamental» que la Audiencia Nacional esclarezca la «legalidad y la admisibilidad» del dispositivo mencionado. Según el letrado, el teléfono fue entregado a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional española por Homeland Security Investigations, autoridad gubernamental estadounidense.
No obstante, la defensa sostiene que los aspectos legales que rodean esta entrega no están suficientemente claros:
El recurso señala que, aunque las autoridades estadounidenses autorizaron a la Policía española para usar la información del móvil, dicha autorización «no incluía su incorporación en procedimientos judiciales» en España.
Solicitud de revisión constitucional al juez
Apoyándose en estas consideraciones, la defensa de Zapatero ha advertido formalmente al juez encargado del caso que «los tribunales están constitucionalmente obligados a asegurar un control efectivo sobre la legalidad de toda la información que se incorpore al proceso».
Al poner en duda la cadena de custodia y el traspaso de datos entre las autoridades españolas y estadounidenses, la defensa pretende que se anulen las conversaciones del empresario venezolano. De prosperar este planteamiento basado en la doctrina del «fruto del árbol envenenado», la nulidad de las pruebas obtenidas del móvil podría afectar y motivar la nulidad parcial o total del proceso judicial que involucra al expresidente.
