EDITORIAL
La visita del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el anuncio de nuevas ayudas para paliar las pérdidas provocadas por la crisis de Ceuta deberían ser una buena noticia para empresarios y autónomos.
Pero existe una pregunta que no puede quedar en segundo plano: ¿quién gestionará ese dinero y quién terminará beneficiándose?
Si las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez son canalizadas por la Ciudad Autónoma, todo apunta a que tendrán un papel protagonista Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, y la Cámara de Comercio de Ceuta.
Y aquí es donde empiezan las dudas.
La Cámara de Comercio no puede convertirse, una vez más, en la ventanilla de reparto de millones de euros públicos cuando existen interrogantes sobre su fiscalización y sobre el registro de sus cuentas en el Registro Mercantil.
La Cámara de Comercio no registra sus cuentas en el Registro Mercantil y, según se viene denunciando, tampoco está sometida a una fiscalización pública equivalente a la de una administración.
Porque una cosa es ayudar al tejido empresarial de Ceuta y otra muy distinta es que los mismos de siempre terminen siendo los beneficiarios de unas ayudas que deberían alcanzar a todos los empresarios afectados.
Kissy Chandiramani debería explicar públicamente qué organismo gestionará las ayudas, con qué criterios se repartirán y qué controles garantizarán que ningún empresario quede fuera.
Porque a río revuelto, ganan siempre los mismos.
Esta vez, el dinero del Gobierno de España debe llegar directamente a quienes han sufrido las consecuencias de la crisis, no convertirse en otro reparto entre intermediarios y beneficiarios habituales.
Ceuta necesita ayudas, sí. Pero también transparencia, igualdad y control.
