El proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sufrido una importante paralización que modifica significativamente el desarrollo del caso. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reiniciar la causa, devolviendo el procedimiento al punto de partida de abril pasado.
Esta resolución corrige parcialmente la actuación del juez instructor Juan Carlos Peinado: anula la apertura del juicio oral dictada en junio, disminuye considerablemente los delitos señalados y revoca las medidas cautelares como la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales al no existir riesgo de fuga.
Recorte de acusaciones y división de la causa
El tribunal madrileño ha delimitado con claridad el alcance penal del caso, estableciendo cuáles acusaciones continúan y cuáles se archivan:
- Begoña Gómez: Será juzgada por un tribunal de jurado solo por dos presuntos delitos: tráfico de influencias y malversación. La Audiencia ordenó archivar los otros dos cargos que planteó el juez Peinado: corrupción en los negocios y apropiación indebida.
- Cristina Álvarez (asesora): El procedimiento en su contra continúa, aunque reducido a un único presunto delito de malversación de fondos públicos.
- Juan Carlos Barrabés: El empresario queda totalmente excluido de este proceso con jurado. La investigación contra él se separará y seguirá en una causa independiente.
Retroceso a abril: las partes deben adaptar sus solicitudes
La resolución de la Audiencia de Madrid, definitiva sin posibilidad de recurso, supone la anulación completa de todas las actuaciones desde el 11 de abril. El proceso vuelve al momento en el que se cerró la instrucción.
En estos momentos, los plazos quedan suspendidos para que tanto las acusaciones como las defensas modifiquen sus escritos conforme al nuevo marco procesal:
- La Fiscalía y la defensa: Mantendrán la postura de que no hay base para delito y solicitarán nuevamente el archivo total del caso.
- La acusación popular (encabezada por Hazte Oír): Tendrá que reducir sus peticiones iniciales de condena, que alcanzaban hasta 24 años de prisión para Gómez y 22 para Álvarez cuando se consideraban cuatro delitos.
La jubilación del juez Peinado complica el calendario procesal
Una vez recibidos los nuevos escritos, se deberá emitir un nuevo auto de apertura del juicio oral. Sin embargo, la situación temporal añade incertidumbre.
Fuentes jurídicas consultadas señalan la duda de si el magistrado Juan Carlos Peinado será quien firme dicha apertura. El juez instructor se retirará a finales de septiembre próximo, al alcanzar los 72 años, límite legal para ejercer la judicatura. Si el proceso se prolonga más allá de esa fecha, la competencia para firmar la apertura o tomar decisiones inmediatas recaerá en el magistrado que oficialmente lo sustituya en la plaza número 41 del juzgado de primera instancia de Madrid.
