FARID ABDESELAM MOHAMED
La convivencia no puede quedarse en un eslogan mientras ciudadanos musulmanes sufren insultos, sospechas y agresiones en su propia ciudad.
Ceuta presume desde hace décadas de ser la ciudad de las cuatro culturas. La expresión se repite en discursos institucionales, campañas turísticas y celebraciones oficiales. Pero esa imagen de convivencia pierde credibilidad cuando se confronta con los episodios de hostilidad hacia ciudadanos musulmanes que han recogido distintos medios de comunicación.
Una cosa es proclamar la convivencia desde un atril, y otra muy distinta garantizarla en la vida cotidiana. Los insultos, las amenazas y las agresiones motivadas por prejuicios racistas o religiosos no pueden convertirse en una anécdota más del debate público.
En septiembre, medios locales informaron de la agresión a un ceutí en la Gran Vía después de que unos individuos lo confundieran con un inmigrante marroquí. La víctima, según aquellas informaciones, llegó a mostrar su DNI para acreditar su nacionalidad. La escena es profundamente reveladora: un ciudadano obligado a demostrar que es español en su propia ciudad. Pero hay una pregunta aún más importante: ¿habría sido menos grave la agresión si realmente hubiese sido marroquí? Por supuesto que no. La dignidad de una persona no depende de su pasaporte.
En aquellas semanas, también trascendieron denuncias de insultos a una menor musulmana durante una protesta vinculada a la situación migratoria, así como la agresión a un periodista que grababa una manifestación. Los relatos publicados describían una confusión recurrente: identificar por la apariencia a alguien como inmigrante y convertir esa presunción en motivo de hostilidad.
En noviembre, la prensa recogió otro episodio: una odontóloga ceutí musulmana, denunció haber sido increpada en la Gran Vía, acusada de ser promarroquí y de vivir de ayudas públicas; acababa de salir de trabajar. Pero el dato laboral no debería ser una condición para defenderla; aunque estuviera desempleada o recibiera una prestación, nadie tendría derecho a humillarla, nadie.
El último caso, difundido por medios locales afecta a dos mujeres en la parada de taxis de la Gran Vía, nuevamente en el centro de la ciudad. Una discusión por el turno habría desembocado, según las denuncias publicadas, en insultos racistas y agresiones. Las responsabilidades concretas deberán esclarecerse, pero las expresiones denunciadas vuelven a señalar un problema que no se resuelve con comunicados de condena generalistas, bajo la frase hipócrita de “venga de donde venga”.
Cada suceso tiene sus circunstancias y corresponde a las autoridades determinar los hechos y las responsabilidades. Sin embargo, la acumulación de testimonios obliga a una reflexión colectiva: ¿qué sucede cuando una parte de nuestros vecinos sienten que deben justificar continuamente su pertenencia a Ceuta?
La crisis migratoria ha generado preocupaciones legítimas y exige respuestas públicas eficaces. Se puede reclamar, y es absolutamente legitimo, mayor control fronterizo, critica política, recursos y coordinación institucional, sin convertir a la población musulmana en objeto de sospecha constantemente. Confundir musulmán, marroquí e inmigrante es una simplificación muy peligrosa que termina señalando a ciudadanos españoles nacidos y criados aquí.
La condición de ceutí no depende de la religión, los apellidos, el barrio o la forma de vestir; un ceutí musulmán no es menos español que uno cristiano, judío, hindú o no creyente. Ninguno debería verse obligado a “exhibir” credenciales de españolidad para caminar tranquilo por su ciudad.
Existe también una responsabilidad política. Las palabras importan. Hablar indiscriminadamente de invasión, cuestionar la lealtad de comunidades enteras o asociar tendenciosamente determinados barrios con las ayudas sociales alimenta prejuicios,si. Esto no supone atribuir automáticamente a un partido la responsabilidad de actos cometidos por particulares; supone exigir a todos los representantes públicos prudencia y coherencia con los valores que dicen defender.
El Partido Popular, que gobierna la Ciudad Autónoma de Ceuta bajo la presidencia de Juan Vivas, desde hace más de veinticinco años, no puede limitarse a observar los acontecimientos y emitir comunicados “vacíos” de condena explicita; y por otro lado, dar cobertura a “influencers” claramente racistas y xenófobos que promueven abiertamente su rechazo al “otro”. Gobernar implica asumir responsabilidades, también cuando la convivencia se deteriora y una parte de la ciudadanía se siente desprotegida, como es el caso. La responsabilidad penal corresponde a quienes insultan o agreden, pero la responsabilidad política de prevenir la discriminación y promover una respuesta institucional firme y contundente corresponde, en primer término, a quienes gobiernan, en este caso al partido popular.
El PP ha condenado públicamente al menos uno de estos episodios, pero una condena, por necesaria que sea, no equivale a una política eficaz. Cabe preguntarse qué actuaciones preventivas específicas se han impulsado, qué apoyo reciben las víctimas, qué campañas se desarrollan contra la islamofobia, y qué mecanismos existen para detectar y atender las denuncias. Si esas medidas existen, el Gobierno debe explicarlas y rendir cuentas sobre sus resultados; si son insuficientes, debe reforzarlas sin demora.
No es aceptable que la convivencia en nuestra ciudad sea una bandera propagandística en los actos oficiales y una cuestión secundaria cuando se reclama protección en la calle a una parte importante de la ciudadanía. El Gobierno del Partido Popular debe pasar de las declaraciones a los hechos: promover un plan público contra el racismo, colaborar con
las fuerzas de seguridad y las entidades sociales, facilitar canales de denuncia y comprometer recursos, plazos y evaluación. La ciudadanía ceutí musulmana no necesita gestos paternalistas: exige igualdad, seguridad y respeto, como cualquier otra ciudadanía.
La convivencia no es una fotografía de autoridades reunidas con representantes religiosos ni una felicitación institucional en cada festividad. Es que una mujer pueda recorrer la Gran Vía sin recibir insultos por su identidad; que una niña no sea llamada invasora; que un vecino no tenga que enseñar su DNI para ser respetado; que cualquier persona pueda discrepar políticamente sin que su religión se convierta en una acusación permanente.
Ceuta necesita una respuesta sostenida: condena inequívoca de las agresiones, protección efectiva de las víctimas, investigación de los hechos denunciados y una pedagogía pública que no tolere la discriminación. Las instituciones, los partidos, los medios y las organizaciones sociales tienen responsabilidades distintas, pero una obligación compartida: impedir que el odio se normalice en Ceuta.
Durante demasiado tiempo hemos confundido la ausencia de grandes conflictos con una convivencia plenamente consolidada. Tal vez sea el momento de reconocer que bajo esa aparente normalidad persisten prejuicios que afloran en situaciones de tensión.
Ceuta pertenece a todos sus ciudadanos, a todos. No existen ceutíes de primera y de segunda. El verdadero peligro para la convivencia no es nuestra diversidad, sino que alguien considere que una identidad tiene más derecho que otra a sentirse en casa.
Porque cuando un ceutí teme caminar por las calles de su propia ciudad por ser musulmán, lo que está en cuestión no es solo su seguridad: es la dignidad de Ceuta entera.
Fuentes:
- El Faro de Ceuta, 7 de septiembre de 2026: agresión a un ceutí confundido con un inmigrante.
- RTVE, 8 de septiembre de 2026: testimonios de ceutíes musulmanes sobre episodios de acoso.
- elDiario.es, 7 de noviembre de 2026: denuncia de agresión racista a una odontóloga musulmana.
- Ceuta al Día, 15 de noviembre de 2026: condena de la agresión denunciada a dos mujeres en la Gran Vía.


