PLUTARCO
Hay momentos en política en los que ya no valen las excusas. Hay situaciones en las que gobernar significa tomar decisiones, aunque sean incómodas, aunque tengan un coste electoral y aunque alguien pueda enfadarse.
Ceuta ha llegado a uno de esos momentos.
La ciudad está desbordada y, sin embargo, la respuesta institucional sigue pareciendo atrapada entre reuniones, declaraciones y cálculos políticos. ¿Dónde está el mando único cuando más se necesita?
Si una situación supera la capacidad de una ciudad como Ceuta, el Estado no puede limitarse a mirar desde Madrid. Tiene que intervenir, coordinar y poner recursos encima de la mesa. Y tiene que hacerlo rápido.
Pero sería igualmente injusto mirar únicamente hacia Madrid.
El Gobierno de Vivas también tiene que actuar
Hay algo que no se puede olvidar en medio de esta crisis: el Gobierno de la Ciudad de Ceuta tiene competencias y responsabilidades en materia de menores.
Y eso significa que el Gobierno de Juan Vivas no puede limitarse a reclamar al Estado que resuelva el problema.
Tiene la obligación de actuar inmediatamente dentro del ámbito de sus competencias, proteger a los menores que están bajo su responsabilidad, garantizar su atención y exigir todos los recursos necesarios cuando su capacidad se vea superada.
Una cosa no excluye la otra.
El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad y dar una respuesta nacional. Pero el Gobierno de Vivas también tiene que asumir la suya.
Gobernar no consiste solamente en pedir ayuda cuando el problema ya se ha desbordado. Gobernar consiste también en anticiparse, tomar decisiones y actuar desde el primer minuto.
Si Ceuta está al límite, el Ejecutivo autonómico debe poner todos sus mecanismos en marcha. Y si necesita más medios, debe exigirlos con toda la contundencia institucional necesaria.
Lo que no puede ocurrir es que unos culpen a Madrid, Madrid mire hacia las comunidades autónomas y, mientras tanto, el problema siga creciendo en Ceuta.
Los ciudadanos no necesitan un intercambio de culpas.
Necesitan soluciones.
Quinientos menores no pueden convertirse en una partida de ajedrez político
Había una solución encima de la mesa: distribuir aproximadamente 500 menores entre diferentes territorios del país.
Pues háganlo.
No parece razonable que Ceuta tenga que asumir indefinidamente una presión que, por sus especiales características, corresponde afrontar al conjunto de España.
Y aquí es donde empieza lo verdaderamente preocupante.
Si la decisión de repartir a esos menores se frena, se retrasa o se diluye por miedo a la reacción de determinadas comunidades autónomas, entonces estaremos ante algo mucho más grave que un problema de gestión: estaremos ante la subordinación de una emergencia a los intereses electorales de los partidos.
Y eso sería sencillamente inaceptable.
Los menores no pueden ser utilizados como moneda de cambio. Pero tampoco puede utilizarse Ceuta como territorio de sacrificio para que otros gobiernos autonómicos eviten enfrentarse a una polémica.
¿Gobernar o hacer campaña?
La sensación que existe en Ceuta es que la precampaña política ya está condicionando demasiadas decisiones.
En Génova saben perfectamente que cualquier decisión que implique enviar menores a una comunidad autónoma gobernada por el PP puede convertirse inmediatamente en un conflicto político. Y ningún dirigente quiere cargar con una fotografía incómoda a las puertas de unas elecciones.
Pero hay algo que debería estar por encima de Génova, de Ferraz y de cualquier estrategia electoral: la obligación de gobernar.
Si la solución técnicamente razonable genera un coste político, se asume.
Eso es gobernar.
Lo que no es gobernar es mirar hacia otro lado esperando que el problema desaparezca por sí solo.
Vivas tampoco puede esconderse detrás de Madrid
Y tampoco puede el Gobierno de Vivas esconderse detrás del Gobierno de España.
Si tiene competencias sobre los menores, tiene que ejercerlas.
Si tiene responsabilidades, tiene que asumirlas.
Si necesita recursos, tiene que reclamarlos.
Y si la situación es de emergencia, tiene que actuar como tal.
No vale gobernar cuando las cosas van bien y convertirse en espectador cuando llegan los problemas.
Vivas tiene que explicar qué medidas está adoptando, qué capacidad tiene actualmente Ceuta, qué recursos necesita y qué está haciendo para garantizar la atención de los menores mientras llega una solución estatal.
Porque la responsabilidad política no desaparece porque exista una responsabilidad superior del Estado.
Al contrario: cada administración debe hacer su trabajo.
Ceuta no es el patio trasero de España
Ceuta no puede seguir siendo el territorio al que se le pide resistencia infinita.
Cada vez que aparece una crisis fronteriza, migratoria o humanitaria, la ciudad vuelve a estar en primera línea. Se le pide solidaridad, responsabilidad y paciencia.
Pero la solidaridad tiene que funcionar en los dos sentidos.
España no puede exigirle a Ceuta que sea solidaria con el conjunto del país mientras el conjunto del país no demuestra la misma solidaridad con Ceuta.
No se puede pedir a una ciudad que aguante lo que ningún otro territorio estaría dispuesto a soportar.
Pero tampoco se puede utilizar esa situación como excusa para que el Gobierno de Ceuta deje de hacer aquello que está obligado a hacer.
Basta de cálculos
Los aproximadamente 500 menores que estaba previsto redistribuir deben ser trasladados con todas las garantías legales y de protección necesarias.
Y mientras eso ocurre, el Gobierno de Ceuta debe seguir ejerciendo sus competencias, tomando decisiones y garantizando la atención inmediata de los menores que están bajo su responsabilidad.
El Gobierno de España tiene que actuar.
El Gobierno de Vivas tiene que actuar.
Las comunidades autónomas tienen que asumir su parte.
Todos tienen responsabilidades.
Lo que no puede hacerse es esperar a que Ceuta llegue al límite absoluto para después aparecer con una solución de emergencia.
Ceuta necesita Estado, pero también necesita Gobierno
La política puede esperar.
Las elecciones pueden esperar.
Las estrategias de partido pueden esperar.
Ceuta no.
Cuando una ciudad dice que no puede más, el Estado tiene que escuchar.
Cuando sus recursos están al límite, el Estado tiene que responder.
Pero cuando el Gobierno de una ciudad tiene competencias sobre los menores, también tiene que actuar inmediatamente.
No hay excusas.
Ni para Madrid.
Ni para Vivas.
Ni para Génova.
Porque los menores necesitan protección, Ceuta necesita recursos y los ciudadanos necesitan instituciones que estén a la altura de las circunstancias.
Y si para proteger una estrategia electoral hay que dejar a Ceuta sola, entonces el problema ya no será solamente migratorio.
Será un problema de Estado.
Pero también será un problema de responsabilidad política de quienes gobiernan Ceuta.
Quizá haya llegado la hora de decirlo alto y claro:
Ceuta no necesita que Génova haga cuentas.
Ceuta no necesita que Madrid mire hacia otro lado.
Y Ceuta tampoco necesita que su propio Gobierno espere a que otro resuelva lo que está dentro de sus competencias.
Ceuta necesita que todos hagan su trabajo.
Ahora. No mañana.
Porque mientras unos calculan votos, otros calculan camas, plazas, recursos y medios.
Y esos otros llevan demasiado tiempo esperando.
Ceuta no puede más.
