Santa Cruz de Tenerife | En una jornada marcada por la complejidad política y una crisis sanitaria en el ámbito marítimo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dirigió este miércoles una firme crítica al Gobierno central durante su intervención en el pleno del Parlamento regional.
El conflicto central gira en torno a la gestión del buque Hondius, que presenta un brote de hantavirus, y la negativa de la administración autonómica a autorizar su atraque en el puerto tinerfeño de Granadilla sin garantías absolutas.
Rechazo contundente a la «arrogancia» del Gobierno central
Clavijo, que solicitó comparecer, defendió su decisión de impedir la entrada de la embarcación con el objetivo de preservar la salud pública. No obstante, su discurso trascendió el ámbito sanitario, señalando lo que calificó como una actitud arrogante por parte de las autoridades en Madrid.
«No aceptamos que desde Madrid se comprometa la seguridad de todos los canarios y que tengamos que resignarnos, como otros habrían hecho», afirmó rotundamente el presidente.
Elementos clave del conflicto
Según el mandatario canario, la administración estatal ha gestionado la crisis siendo protagonista de cuatro problemas principales:
- Falta de claridad: Se acusa al Gobierno central de ocultar información esencial acerca del estado real del brote a bordo.
- Decisiones unilaterales: Clavijo denunció la intención de excluir a los técnicos canarios bajo el argumento de que «no tenían conocimiento suficiente».
- Autoritarismo institucional: El presidente criticó que, tras desoír los criterios autonómicos, se quisiera responsabilizar al Gobierno de Canarias para firmar autorizaciones bajo riesgo.
«No seremos partícipes»
El jefe del Ejecutivo fue claro al explicar su postura frente a las indicaciones de Madrid: «No hemos estado dispuestos a colaborar ante la falta de información y la soberbia, la imposición y el menosprecio».
Con estas afirmaciones, Clavijo refuerza su postura de defensa de la autonomía ante las decisiones estatales en situaciones de emergencia, enfatizando que la seguridad del archipiélago no puede depender de resoluciones externas tomadas sin consenso ni información suficiente.
