La gestión de la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, dirigida por Kissy Chandiramani, vuelve a situarse en el centro de la polémica por el uso reiterado de contratos menores y presuntos fraccionamientos de pago que, según diversas críticas, evitarían la obligación de sacar a licitación contratos de mayor cuantía.
A esta situación se suma además el interés mostrado por el Tribunal de Cuentas, que ya habría solicitado documentación relacionada con distintos expedientes y habría visitado en varias ocasiones dependencias de la propia Consejería para recabar información sobre determinados procedimientos administrativos y contrataciones realizadas durante los últimos años.
La práctica denunciada consistiría en dividir servicios o suministros en múltiples adjudicaciones inferiores a los 15.000 euros, límite que permite tramitar contratos menores sin necesidad de concurso público abierto. Sin embargo, la suma de esos importes correspondería en numerosos casos a prestaciones similares o vinculadas entre sí que, legalmente, deberían agruparse y someterse a procedimientos de licitación pública.
Un ejemplo visible puede encontrarse en el propio Portal de Contratación de la Ciudad Autónoma, donde aparecen adjudicaciones realizadas el mismo día mediante numerosos contratos menores con importes prácticamente idénticos y destinados a servicios relacionados entre sí. Según las críticas, esta dinámica se habría convertido ya en una práctica habitual tanto dentro de la propia Consejería como en varias empresas municipales dependientes de la administración local.
Las sospechas sobre estas actuaciones se han visto reforzadas además por la existencia de correos electrónicos internos que habrían circulado en algunas sociedades municipales y en los que, presuntamente, se alude a directrices marcadas desde el área económica del Gobierno local para mantener esta línea de actuación administrativa.
A ello se suma también el recurso frecuente a expedientes de emergencia que, según cuestionan distintas voces críticas, no responderían realmente a situaciones excepcionales o imprevisibles, sino que servirían para agilizar contrataciones evitando los procedimientos ordinarios de concurrencia pública.
La controversia no solo apunta al Ejecutivo local. También genera críticas la escasa fiscalización política por parte de los grupos de la oposición en la Asamblea de Ceuta. Sectores críticos consideran incomprensible que estas prácticas, reflejadas públicamente en el portal institucional de contratación y objeto de comentarios recurrentes en el ámbito político y administrativo local, no estén siendo investigadas ni denunciadas con mayor contundencia por los partidos de la oposición.
Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en la contratación pública vuelve a abrirse en Ceuta, especialmente en un contexto donde el uso reiterado de contratos menores lleva años generando dudas sobre el control del gasto y la libre concurrencia empresarial.
