El Ministerio del Interior ha instruido a la Dirección General de la Policía para que actualice sus protocolos internos y limite el uso del espray de defensa personal durante manifestaciones y grandes concentraciones, optando en su lugar por la utilización de botes de humo lacrimógeno «inocuo» en las acciones de control de orden público.
Esta decisión surge después de las críticas y controversias generadas por las actuaciones policiales en la jornada de huelga general del 11 de noviembre, hecho que llevó al ministro Fernando Grande-Marlaska a abrir una investigación reservada y a poner en duda la proporcionalidad de algunos procedimientos.
Nuevas restricciones y excepciones en la actuación policial
Según la nueva normativa, los agentes desplegados en dispositivos específicos de orden público no podrán emplear el espray individual de defensa. En su lugar, los equipos antidisturbios deberán utilizar elementos ATL —botes de humo lacrimógeno no agresivos disparados mediante bocachas acopladas a las escopetas reglamentarias— cuando sea preciso dispersar multitudes o controlar altercados graves.
Sin embargo, esta limitación no se aplica a los servicios habituales de seguridad ciudadana, por lo que los agentes en patrullas tipo ‘zeta’ conservarán la autorización para portar y usar el espray individualmente con el objetivo de detener a un sospechoso de forma concreta.
Reacciones sindicales y oposición al nuevo protocolo
La resolución ha generado rechazo entre los sindicatos de la Policía Nacional. Los representantes policiales han puesto en duda la eficacia técnica de la instrucción, indicando que el empleo de botes de humo lacrimógeno provoca una dispersión mucho más extensa que la concentración del espray dirigido, lo que podría afectar de forma indiscriminada a la población y aumentar el riesgo de incidentes.
Además, los sindicatos interpretan esta medida como una desconfianza hacia el trabajo policial en la calle, criticando que los criterios de actuación se modifiquen bajo presiones políticas. Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha descartado dimitir y, aunque ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha vuelto a enfatizar que toda actuación debe respetar rigurosamente los principios de proporcionalidad, necesidad y coherencia.
