El Gobierno de Madrid compró el inmueble en Chamberí mediante una empresa pública sin revelar detalles del contrato o su valor. Además, la normativa urbanística local prohíbe usar la vivienda con fines profesionales.
MADRID.— La compra de un ático de amplias dimensiones en el distrito madrileño de Chamberí por parte del Ejecutivo regional ha generado un debate político e institucional. La operación se cerró en abril a través de una empresa pública de la Comunidad de Madrid, sin dar a conocer públicamente el coste ni los términos de la adquisición.
El ático dispone de 485 metros cuadrados construidos y una terraza de 200 metros, ubicado en una de las áreas más valoradas de la ciudad. Frente a las críticas por la falta de transparencia, representantes cercanos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso han señalado que el espacio se empleará provisionalmente para reuniones laborales durante la renovación de la Real Casa de Correos.
Informes contradictorios y restricciones urbanísticas
A pesar de las explicaciones del Gobierno regional, Díaz Ayuso ha rechazado las noticias como un intento de desacreditarla y ha negado que la vivienda vaya a ser su domicilio. Sin embargo, portavoces oficiales reconocieron que no está asegurado que el ático sirva finalmente como sede temporal de las oficinas.
Además de las dudas en torno al gasto público, aparece un obstáculo legal relevante: según el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, la propiedad está destinada únicamente a uso residencial, lo que impide destinarla totalmente a funciones administrativas o profesionales.
Puntos clave de la investigación
- El inmueble: Ático de 485 m² útiles y 200 m² de terraza situado en Chamberí, Madrid.
- Procedimiento de compra: Adquirido en abril de 2026 por medio de una empresa pública regional sin detallar el coste ni informar públicamente.
- Defensa oficial: La presidenta explica que el espacio se destinará a reuniones temporales durante las obras en la sede gubernamental en Puerta del Sol.
- Restricción local: La normativa urbanística local no permite asignar un uso exclusivamente administrativo a propiedades catalogadas como residenciales.
