El Ministerio de Margarita Robles traslada el informe de Amnistía Internacional a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia y ordena una investigación interna para esclarecer posibles responsabilidades individuales
El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional en el que se denuncian presuntos casos de torturas y otros tratos «crueles, inhumanos y degradantes» sufridos por personas migrantes en la ciudad.
El departamento dirigido por Margarita Robles ha anunciado, además, una investigación interna para determinar qué ocurrió y, en su caso, esclarecer posibles responsabilidades individuales entre los efectivos desplegados en Ceuta.
La decisión se produce después de que Amnistía Internacional denunciara la existencia de un supuesto «patrón» de abusos contra personas migrantes, incluyendo, según la organización, palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación o rotura de teléfonos móviles.
Amnistía señala a unidades de la Legión y Regulares
En el informe difundido este miércoles, Amnistía Internacional atribuye estas prácticas, en particular, a efectivos de La Legión y los Regulares desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria.
La organización sostiene que las actuaciones denunciadas habrían afectado a personas migrantes independientemente de su edad, condición o género.
Se trata de acusaciones que ahora deberán ser contrastadas por las autoridades competentes. La remisión del informe a la Justicia no supone, por sí misma, que los hechos denunciados hayan quedado acreditados.
Defensa ordena investigar posibles responsabilidades
Un portavoz del Ministerio de Defensa ha confirmado la decisión de trasladar la documentación a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta.
Además, Defensa ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar los hechos y «dilucidar posibles responsabilidades individuales», con el objetivo, según el Ministerio, de «preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas».
El MOPS es el órgano del que depende el despliegue militar establecido en Ceuta tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos.
La vía judicial determinará si existieron delitos
La documentación remitida por Defensa queda ahora a disposición de las autoridades judiciales, que deberán valorar las denuncias, las pruebas disponibles y las circunstancias concretas de cada uno de los hechos señalados.
Paralelamente, la investigación interna deberá determinar si existieron actuaciones irregulares por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y, en ese caso, establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
La actuación del Ministerio abre así dos vías paralelas —la judicial y la interna— para esclarecer unas acusaciones especialmente graves sobre el trato recibido por personas migrantes durante el despliegue militar en Ceuta.
