MADRID — La propiedad ubicada en el barrio madrileño de Villa de Vallecas, relacionada con la instrucción judicial del «caso Koldo» por su posible uso en el blanqueo de comisiones, estaba arrendada a turistas extranjeros cuando la Guardia Civil procedió a su registro.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes se presentaron en el domicilio en el contexto de una nueva fase de investigaciones y arrestos que culminó con seis detenciones —entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron a dos turistas estadounidenses que habían rentado el apartamento mediante la plataforma Airbnb para las primeras dos semanas de noviembre.
La adquisición del inmueble y el origen de los fondos
La compra de este piso y una plaza de garaje, realizada en abril de 2024 por un valor de 125.000 euros (satisfechos mediante cheques bancarios y una transferencia, sin hipoteca constituida), forma parte de la nueva pieza separada que investiga el juez instructor.
Según las pesquisas policiales:
- Intento fallido de financiación: Se comprobó que Ábalos intentó obtener un crédito bancario por el importe exacto de la vivienda en los días previos a la compra, sin éxito.
- Vínculo con Córdoba: Al no lograr la financiación, Ábalos sostuvo un encuentro en Córdoba con Cristian Corvillo —ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 y acusado en la investigación—.
- Tramas societarias y transferencias: La UCO señala que el pago del inmueble se realizó mediante una red de sociedades relacionadas con supuestos testaferros y administradas por Corvillo, destacando una transferencia de 65.000 euros desde una cuenta en Portugal bajo la apariencia de un «préstamo».
Detenciones y avance del proceso judicial
La investigación impulsada por la UCO incluyó registros en el piso de Vallecas y en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue arrestada y puesta en libertad tras ejercer su derecho a no declarar. Los involucrados en esta pieza separada, inicialmente declarada secreta, deberán probablemente declarar ante el juez como investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
