El estatus fronterizo y la relación con Gibraltar se han convertido en un nuevo foco de discusión política entre el Partido Popular y el PSOE, en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La posibilidad de que un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo impulse una revisión del tratado firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido —en vigor provisional desde el 15 de julio pasado— ha causado preocupación en el Campo de Gibraltar, donde la eliminación de la Verja ha alterado la movilidad cotidiana y las dinámicas laborales de la zona.
El debate se reavivó tras la intervención en Bruselas del eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz, quien advirtió sobre un cambio próximo en la posición española en caso de un cambio de Gobierno en la Moncloa, poniendo en duda la seguridad del nuevo sistema fronterizo. Esta postura está vinculada con las enmiendas presentadas por la delegación española del PP en el Parlamento Europeo para impedir la ratificación del acuerdo, basándose en la falta de avances en la histórica reivindicación de soberanía, las diferencias fiscales con los municipios de Cádiz y el hecho de que el tratado no precise aprobación del Parlamento español. Sin embargo, esta posición contrasta con el apoyo mayoritario brindado al dictamen por el Partido Popular Europeo en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.
Respuesta del Gobierno sobre el impacto laboral y reproches mutuos
Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido el tratado como un motor de crecimiento económico y garantía jurídica para la provincia de Cádiz, señalando que revertir el acuerdo sería un «auténtico error». El responsable de la diplomacia española destaca que eliminar las barreras físicas asegura la estabilidad laboral de aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos que diariamente cruzan a Gibraltar, además de impulsar la inversión extranjera en la región.
De manera similar, representantes del PSOE en la comarca han solicitado a los candidatos del PP y Vox que aclaren ante la ciudadanía si su propuesta incluye restaurar los controles en la frontera y qué modelo de cooperación bilateral plantean para evitar paralizaciones económicas en los municipios adyacentes.
Restricciones legales para revocar el tratado y opciones reales disponibles
Dejando a un lado la retórica electoral, la capacidad efectiva de un Gobierno español para cancelar unilateralmente el tratado está limitada por el derecho internacional. Al ser un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido —y no un convenio bilateral directo—, España no tiene la autoridad jurídica para denunciarlo por sí sola ni para cambiar de forma independiente sus disposiciones principales.
El tratado incluye un procedimiento específico para que las instituciones europeas evalúen una posible revisión o denuncia, que debe realizarse tras una valoración sobre las normas de movimiento de personas, con un plazo máximo de cuatro años desde su puesta en marcha. Sin embargo, un Ejecutivo español podría suspender o ralentizar la puesta en práctica de los acuerdos administrativos complementarios relacionados con la cooperación policial, aduanas, impuestos o seguridad social. Esta menor colaboración no supondría la inmediata restauración de la Verja, aunque generaría problemas en el tránsito diario y dificultaría las inversiones en marcha antes de la votación definitiva en el pleno europeo, prevista para el 14 de diciembre.


