MÓSTOLES – Manuel Bautista, alcalde de Móstoles y miembro del PP, ha sido convocado para declarar en calidad de investigado el próximo 9 de octubre. Esta citación está vinculada a la causa abierta tras la querella presentada por una exconcejala de su mismo partido, quien le imputa presuntos delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos.
La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles tomó esta decisión. Además de citar al alcalde, la jueza ordenó interrogar a cinco testigos propuestos por la acusación particular, entre ellos el exconcejal Raúl Gallego Parrondo —quien renunció a su acta en marzo en apoyo a la denunciante— y el exresponsable de Comunicación del Ayuntamiento, David Zamorano.
Tres proposiciones sexuales y ausencia de apoyo del PP
El proceso judicial se inició el 15 de abril, una vez que se admitió la querella contra Bautista y el Partido Popular. El 29 de junio comenzó la fase de declaraciones con la exconcejala denunciante, quien durante más de tres horas reafirmó su denuncia, asegurando que el alcalde le hizo “proposiciones de carácter sexual en tres ocasiones”. Según su testimonio, su rechazo desencadenó una situación de acoso laboral e institucional en el ayuntamiento.
La exedil también contó que intentó gestionar internamente el problema y notificó los hechos a la dirección del PP, sin embargo, denunció que “no le prestaron ninguna atención”. Además, explicó sentirse presionada por las dos personas designadas por el partido para atender su caso, razón por la cual responsabilizó legalmente al PP por no cumplir con su deber de protección.
La jueza rechaza el recurso presentado por Manuel Bautista
Desde que se conoció la denuncia interna el 16 de febrero, el alcalde ha negado públicamente las acusaciones. Bautista presentó un recurso contra el auto que admitió la querella, argumentando que la denuncia carecía de elementos objetivos suficientes según la legislación penal para justificar una imputación.
No obstante, la magistrada a cargo del caso rechazó estos argumentos. En su resolución afirmó que, si se demuestran los hechos durante la investigación, tienen una clara “relevancia penal” y están tipificados en el Código Penal vigente. Por ello, declaró «procedente y conforme a derecho» continuar con la instrucción y convocar al alcalde para declarar.
