La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evalúa este martes la posibilidad de cerrar definitivamente las cinco diligencias informativas que se han iniciado contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Esta propuesta de archivo ha sido presentada por Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del órgano judicial, tras la presentación de diversas denuncias en relación con la investigación a Begoña Gómez.
Una de las actuaciones estudiadas surge de oficio, a raíz del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez, medida que fue más tarde anulada por la Audiencia Provincial de Madrid. En dicho auto, el magistrado sugirió que los agentes de la Policía Nacional encargados de la escolta de Gómez podrían facilitar una eventual fuga. Estas declaraciones provocaron también una queja formal de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien consideró que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Diversidad de denuncias y enfoques jurídicos
Las demás quejas en estudio fueron presentadas por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debido a su citación como testigo; la asesora Cristina Álvarez; el grupo municipal Más Madrid junto con el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; y un particular.
Hace un mes, la Comisión Permanente, respaldada por el voto de calidad de la presidenta del CGPJ y el bloque progresista, encargó al promotor que valorase si el juez había cometido una «falta grave de consideración» o un «exceso de autoridad». En contraste, los vocales conservadores argumentaron que la vía adecuada para cuestionar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
Actualmente, el criterio del promotor se ajusta a esta última opinión, señalando que el CGPJ debe intervenir únicamente en casos de expresiones inadecuadas u ofensivas contenidas en autos si existe un requerimiento formal o prueba presentada por el tribunal superior que resuelva la apelación. La decisión final sobre el archivo corresponde a la Comisión Permanente, que estudiará el asunto en su reunión de este martes.
