Casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes, el diputado, el senador y la senadora del PP por Ceuta denuncian que no se ha ejecutado ninguna devolución por esta vía. La lentitud administrativa cuestiona los medios destinados por el Gobierno central a resolver la crisis.
Casi tres meses después de las entradas masivas de julio, ni una sola devolución se habría ejecutado como resultado de los expedientes administrativos abiertos, según han denunciado hoy el diputado, el senador y la senadora del PP por Ceuta.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha informado de miles de retornos voluntarios y de 536 expulsiones, pero no ha aclarado cuántas corresponden a los expedientes tramitados tras la crisis migratoria.
La pregunta resulta inevitable: ¿está destinando el Gobierno los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para agilizar estos procedimientos?
El respeto a las garantías legales es obligatorio, pero no puede convertirse en una explicación indefinida de la lentitud administrativa. Si existen dificultades o falta de personal, el Gobierno debe reconocerlas y adoptar medidas extraordinarias.
Ceuta no puede seguir esperando indefinidamente mientras soporta las consecuencias asistenciales de una crisis excepcional.
El Ejecutivo debe explicar cuántos expedientes se han resuelto, qué obstáculos impiden avanzar y qué refuerzos ha dispuesto para acelerar su tramitación.
La legalidad exige garantías, pero también una Administración eficaz
