La ley promovida por Sumar logra superar la Cámara Baja con el respaldo del bloque de investidura y la abstención del PP, mientras los aliados del Gobierno cuestionan el cambio de Sánchez sobre el Sáhara.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la proposición de ley que otorga la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración colonial antes de 1977. Este texto seguirá su tramitación en el Senado. La iniciativa, impulsada por Sumar, contó con el apoyo de los partidos que forman el Gobierno y sus socios parlamentarios habituales, con la abstención del Partido Popular y la oposición directa únicamente de Vox.
A pesar de la victoria en el Parlamento para la coalición gubernamental, el debate evidenció las discrepancias entre los socios del Ejecutivo respecto a la política exterior del presidente Pedro Sánchez en el norte de África. Formaciones como EH Bildu, ERC, PNV y Podemos criticaron duramente la estrategia de Moncloa tras la crisis migratoria de Ceuta, señalando el cambio diplomático realizado en 2022 sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Desde el Partido Popular, el diputado Pedro Muñoz explicó la abstención por desacuerdos técnicos en el procedimiento para otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza y criticó que el Gobierno haya abandonado la tradicional «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
En términos operativos, la ley autorizará la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a aquellos saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, previa presentación de documentación acreditativa, ampliando esta opción a sus descendientes directos durante un plazo máximo de cinco años. Para el resto de la población saharaui, se reduce a dos años el tiempo mínimo de residencia legal en España necesario para solicitar la nacionalidad por la vía ordinaria. Los promotores del texto estiman que cerca de 100.000 personas, repartidas entre los territorios del Sahara y los campamentos de refugiados en Argelia, podrían acogerse a esta regulación.
La aprobación llega en un momento de fuerte tensión diplomática provocado por los incidentes en la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta. Aunque la ley proporciona una vía de protección consular para la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, analistas políticos consideran que esta normativa contribuirá a disminuir tensiones al facilitar el tránsito legal hacia Europa, redefiniendo las relaciones legales en la zona en espera de la ratificación definitiva en el Senado.
