Pérez Triano remitió un informe a la Secretaría de Estado de Seguridad en los días previos a la crisis en el que advertía de un posible «serio desborde» de las capacidades de acogida y gestión de Ceuta
UNA ADVERTENCIA ANTES DE LA CRISIS
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, trasladó al Ministerio del Interior, antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, un informe en el que advertía del riesgo de intentos masivos de entrada irregular y reclamaba medidas urgentes para evitar el desbordamiento de la ciudad.
Según adelanta en exclusiva elDiario.es, el documento fue remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad entre los días 25 y 28 de julio, pocos días antes de la entrada masiva.
«Urge tomar decisiones de calado ante la previsión de intentos masivos de entrada irregular que desborden por completo las capacidades de acogida y gestión».
La Delegación del Gobierno alertaba así de una situación que consideraba especialmente preocupante y reclamaba una respuesta urgente por parte del Ejecutivo central.
EL INFORME HABLABA DE UN «SERIO DESBORDE»
El documento advertía de una «previsión de serio desborde en las próximas semanas» y señalaba que los intentos de entrada irregular estaban aumentando.
La Delegación consideraba que no podía descartarse la aparición de episodios repetidos de entradas masivas y advertía de un escenario especialmente complejo para Ceuta.
El informe también ponía el foco en el cambio del perfil de las personas que estaban llegando a la ciudad, destacando el elevado número de ciudadanos de nacionalidad marroquí presentes en el CETI.
PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE MENORES
Otro de los puntos destacados del informe era el incremento de la llegada de menores.
La Delegación advertía de que en tres días habían llegado 70 menores, una cifra que, según el documento, iba en aumento.
Esta situación estaba afectando directamente a la capacidad operativa de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que el proceso de identificación y triaje de adultos se ralentizaba cuando aumentaba simultáneamente la llegada de menores.
SEIS MEDIDAS QUE LA DELEGACIÓN RECLAMÓ A INTERIOR
El informe planteaba distintas actuaciones consideradas prioritarias para hacer frente al escenario previsto:
1. Infraestructuras
Instalación urgente de medios para poder realizar correctamente el sistema de triaje.
2. CETI
Creación de espacios alternativos ante la situación de sobreocupación.
3. Traslados
Agilización de los traslados a la península de personas solicitantes de asilo.
4. Policía Nacional
Refuerzo de efectivos.
5. Guardia Civil
Incremento de los medios disponibles.
6. Servicio marítimo
Refuerzo específico de los recursos destinados a la vigilancia marítima.
LA RESPUESTA DE INTERIOR
El Ministerio del Interior reconoce que los informes de la Delegación del Gobierno llegaron a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Interior sostiene, sin embargo, que aquellas advertencias previas no permitían calibrar la magnitud de lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska señala que antes de la crisis se reforzó el dispositivo de seguridad.
La Guardia Civil incorporó 70 efectivos adicionales, mientras que la Policía Nacional desplegó un grupo operativo de la UIP compuesto por 35 agentes.
También se reforzó la vigilancia marítima con siete embarcaciones y el 25 de julio se decidió crear un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL COBRA RELEVANCIA
La existencia de este informe adquiere especial importancia en el marco de la investigación judicial abierta sobre los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
La magistrada también ha solicitado información sobre las alertas y análisis de riesgos elaborados antes de la crisis, así como quién recibió esas comunicaciones y qué actuaciones se adoptaron posteriormente.
El objetivo es reconstruir el flujo de información previo a la entrada masiva y determinar cómo respondieron las distintas administraciones ante los riesgos detectados.
UN DOCUMENTO QUE APORTA NUEVOS DATOS
La publicación de este informe sitúa ahora el foco sobre las advertencias realizadas desde la Delegación del Gobierno antes de la crisis.
El documento demuestra que, días antes del 30 de julio, la Delegación ya había trasladado a Interior su preocupación por un posible incremento de las entradas y había reclamado refuerzos y medidas adicionales.
La investigación judicial deberá determinar ahora qué información recibió cada organismo, cuándo la recibió y qué decisiones fueron adoptadas a partir de esas advertencias.
