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martes, noviembre 17, 2026
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El descontrol en Hacienda obliga a reforzar los controles técnicos y a poner límites a las injerencias políticas

EDITORIAL

La creación de una nueva Dirección General y el nombramiento de Federico Cuenca-Romero Jiménez abren una oportunidad para corregir inercias, reforzar la fiscalización económica y devolver el protagonismo a los criterios profesionales en una de las áreas más sensibles del Gobierno de Ceuta.

Hay decisiones que, más allá de su anuncio oficial, merecen una reflexión. La creación de la Dirección General de Contabilidad y Gestión Económica del Patrimonio y el nombramiento de Federico Cuenca-Romero Jiménez al frente de este nuevo órgano representan una oportunidad para introducir un cambio necesario en la forma de gestionar una de las áreas más importantes del Gobierno de Ceuta.

Y es que Hacienda no puede funcionar al dictado de intereses políticos, afinidades personales o decisiones que no estén suficientemente respaldadas por informes y criterios profesionales. La gestión del dinero público exige rigor, transparencia, responsabilidad y, sobre todo, independencia técnica.

El área de Economía y Hacienda ha acumulado en los últimos tiempos controversias, requerimientos de los órganos fiscalizadores y procedimientos judiciales que han situado su funcionamiento bajo el foco público.

No se trata de una cuestión menor. La propia consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, fue citada como investigada en la causa relacionada con la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio, un contrato de 2,31 millones de euros en el que también figura como investigado el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal. La investigación judicial examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

A ello se suman las informaciones periodísticas sobre dos contratos millonarios para la acogida de menores extranjeros, por importes aproximados de tres y dos millones de euros, respectivamente, adjudicados mediante procedimientos de emergencia y sin publicidad previa. Unos expedientes que han suscitado interrogantes sobre los mecanismos de transparencia y control de la contratación pública.

Este contexto hace todavía más necesaria una estructura técnica capaz de fiscalizar, supervisar y garantizar que cada procedimiento responda estrictamente a la legalidad.

Por eso, la llegada de Federico Cuenca-Romero Jiménez merece ser contemplada como una oportunidad. No hablamos de incorporar a otro cargo externo ni de buscar un perfil político de confianza. Hablamos de un funcionario de la propia Administración, con formación económica, experiencia en materia contable y conocimientos del funcionamiento interno de la Ciudad.

Un profesional que cuenta con una trayectoria y una cualificación adecuadas para asumir una responsabilidad de esta naturaleza.

El dinero público no puede tener amigos

Durante años, la gestión de la Consejería dirigida por Kissy Chandiramani ha sido objeto de críticas políticas por determinadas decisiones económicas, procedimientos de adjudicación y distribución de recursos públicos.

Desde distintos sectores se han cuestionado adjudicaciones de importante cuantía y se ha reclamado mayor transparencia sobre los criterios utilizados para seleccionar a determinados beneficiarios y empresas.

Las dudas sobre posibles favoritismos deben esclarecerse con documentación, fiscalización y, cuando corresponda, mediante los procedimientos legales oportunos. Ninguna adjudicación pública debería quedar al margen del escrutinio.

La Administración no está para favorecer a amigos, conocidos o círculos de afinidad. Está para servir al conjunto de los ciudadanos y garantizar que cada euro público se gestione conforme a la legalidad, con igualdad de oportunidades y sin privilegios.

Y precisamente ahí es donde la nueva Dirección General puede desempeñar un papel determinante.

Un funcionario de la casa, una oportunidad para cambiar las cosas

Hay otro elemento que no debería pasar desapercibido: Federico Cuenca-Romero Jiménez ya pertenece a la Administración local. Su nombramiento no supone incorporar a un profesional ajeno a la estructura municipal, sino confiar una nueva responsabilidad a un funcionario que conoce la casa y su funcionamiento.

Ceuta cuenta con funcionarios y profesionales de enorme preparación. Personas que conocen los procedimientos, las dificultades administrativas y las necesidades reales de los distintos departamentos. Muchas veces, lo que necesita la Administración no es más política, sino dejar trabajar a sus técnicos.

Esperemos que este nombramiento sirva precisamente para eso: para que los informes técnicos prevalezcan sobre las conveniencias políticas, para que los procedimientos se ajusten escrupulosamente a la normativa y para que las decisiones económicas estén respaldadas por criterios objetivos.

No basta con crear una Dirección General, poner un nombre al frente y anunciar nuevas competencias. Hay que dotarla de capacidad real para ejercer sus funciones, garantizar su independencia profesional y permitir que sus responsables puedan trabajar sin interferencias.

Hacienda necesita recuperar la confianza

El nombramiento de Federico Cuenca-Romero Jiménez no debe interpretarse como una simple reorganización del organigrama. Debe convertirse en una oportunidad para revisar procedimientos, mejorar los controles y corregir aquellas prácticas administrativas que hayan generado dudas o controversias.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra su dinero, quién recibe los contratos públicos, por qué se adoptan determinadas decisiones y qué controles existen para evitar cualquier trato de favor.

La política debe establecer las prioridades de gobierno, pero la contabilidad, la fiscalización y la gestión económica deben responder a la legalidad y al rigor profesional.

Menos decisiones condicionadas por intereses políticos y más decisiones respaldadas por criterios técnicos. Menos confianza personal y más controles. Menos discursos y más transparencia.

Federico Cuenca-Romero Jiménez tiene ahora una responsabilidad importante. Esperemos que se le permita ejercerla con profesionalidad y que este nombramiento marque un antes y un después en una Consejería que necesita reforzar su credibilidad.

Porque el dinero público no pertenece a ningún Gobierno, a ningún partido ni a ningún consejero. Pertenece a todos los ciudadanos de Ceuta.

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