Durante una sesión decisiva de los informes finales ante la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, expresó un fuerte reproche hacia la estrategia utilizada por la defensa de la familia Pujol. El fiscal contrapuso el conocido lema político «Espanya ens roba» (España nos roba) con el fraude fiscal sistemático que atribuye al clan del expresident.
Un sistema basado en la «omertá» y la corrupción política
El fiscal descartó que este caso sea un ataque contra Cataluña o un juicio político, como han argumentado las defensas. En cambio, lo definió como la investigación de una «organización criminal» que actuaba bajo un código de silencio conocido como omertá.
- Origen de los fondos: Bermejo afirmó que la riqueza escondida en Andorra no procede de una herencia o «deixa» del abuelo Florenci, una teoría que calificó de carente de evidencia documental, sino de un «auténtico expolio» de millones en diversas monedas.
- Red de clientelismo: El fiscal señaló que los empresarios que testificaron en el juicio optaron por guardar silencio para preservar sus vínculos con el «poder adjudicador», lo que explicaría los pagos millonarios a Jordi Pujol Ferrusola sin justificación aparente.
Contradicción entre el discurso ideológico y la realidad fiscal
Uno de los aspectos más destacados del informe fue la advertencia sobre la hipocresía en las instituciones. Bermejo subrayó que resulta «especialmente contradictorio» reclamar un discurso de agravio económico hacia el Estado mientras se evade intencionadamente el pago de impuestos destinados a servicios públicos esenciales.
«Quien defrauda a la administración pública lesiona no a una entidad abstracta, sino que reduce los recursos para servicios públicos que mantienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña».
Estructura de la organización
Desde la Fiscalía, la jerarquía de esta red ilícita estaba claramente establecida:
- Máxima autoridad: El expresident Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola.
- Administración: Jordi Pujol Ferrusola, responsable de gestionar los fondos.
- Base: Los otros seis hermanos de la familia.
Retrasos en la justicia
Respecto a las quejas sobre la duración del procedimiento, que abarca 14 años, Bermejo atribuyó las «dilaciones» principalmente a las defensas. Señaló que el clan obstaculizó la investigación con maniobras judiciales en Andorra y solicitó la eliminación de documentos con el fin de retrasar el avance del caso.
El fiscal concluyó que el proceso judicial pretende salvaguardar el sistema tributario como pilar del Estado social, protegiendo así a los ciudadanos catalanes frente a quienes, ocupando los máximos cargos institucionales, decidieron actuar al margen de la legalidad.
