MADRID — La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, respondió con firmeza este martes a la última resolución del juez instructor del caso que involucra a la esposa del presidente, Juan Carlos Peinado, calificándola como «una nueva muestra de la obsesión, persecución y acoso político» que sufre Begoña Gómez.
Esta controversia surge a partir de la providencia emitida el martes por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En el documento, el juez Peinado concede un plazo de cinco días a Begoña Gómez para que aporte certificación —ante la aparente falta de sellos físicos de control fronterizo en su pasaporte— que confirme que utilizó exclusivamente ese documento para desplazarse a Londres con motivo de la graduación de su hija. Este viaje contaba con la autorización expresa del magistrado Antonio Viejo, quien cubrió la suplencia de Peinado durante sus vacaciones.
El juez especifica que, si no se presenta esta prueba documental o en caso de detectarse un incumplimiento de las medidas cautelares establecidas, Gómez podría haber cometido un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
«Cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido conoce los procedimientos», declaró Elma Saiz durante la comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, aludiendo indirectamente a los sistemas automáticos de control de fronteras británico que no requieren estampado en el pasaporte.
Críticas severas de los grupos parlamentarios
El PSOE sugiere que el juez debería ser investigado
Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, se expresó con contundencia antes del inicio del Pleno. López afirmó que la decisión del juez responde únicamente a un propósito de «acoso» hacia Begoña Gómez. Además, insinuó que esta conducta no es caracterizada por la rutina judicial y señaló que quienes actúan de esta manera serían los que deberían responder ante un tribunal.
Sumar critica el «machismo» y la «misoginia» del juez
Los aliados de la coalición Movimiento Sumar compartieron la crítica fundamental, pero emplearon términos más duros. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de la formación, calificó la resolución de «totalmente inapropiada, fuera de contexto y un ataque al entorno presidencial mediante la esposa».
Instantes después, Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, acusó al juez Juan Carlos Peinado de actuar con «misoginia» y «machismo», debido a la persistencia inquisitiva sobre los desplazamientos privados de Gómez.
Los partidos de la investidura respaldan las críticas
Otros partidos que apoyan al Gobierno en las Cortes se sumaron a las críticas hacia la actitud del magistrado:
- Compromís: Alberto Ibáñez, diputado, calificó la providencia como un «acto totalmente desproporcionado que refleja odio y violencia política y de género».
- ERC: Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, consideró la actuación del juez como un ejemplo de «lawfare».
- Podemos: Su líder, Ione Belarra, describió la conducta de Peinado como «completamente cuestionable».
