Madrid, 5 de mayo de 2026 — El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a un ambicioso anteproyecto para reformar la ley de protección a menores frente a la violencia. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia, introduce la obligatoriedad de que los menores sean escuchados en todos los procesos judiciales que les conciernan, sin establecer límites de edad.
Con esta reforma, se busca que la intervención del menor sea una parte esencial del procedimiento, no una mera formalidad. Anteriormente, la edad solía condicionar si el testimonio de un niño era tenido en cuenta; ahora, el sistema judicial deberá garantizar la participación de menores en cualquier etapa de su crecimiento.
Aspectos clave de la nueva regulación
El anteproyecto no solo refuerza el derecho a ser escuchado, sino que también introduce modificaciones significativas en la gestión de conflictos familiares y administrativos:
- Revisión de la custodia compartida: No se permitirá la custodia compartida si existen indicios que sugieran que esta modalidad pueda perjudicar el bienestar físico o emocional del menor.
- Fundamentación del «Interés Superior»: Todas las decisiones administrativas y judiciales deberán explicar con claridad y detalle cómo protegen el bienestar psicológico y emocional del niño.
- Entornos protegidos: La prioridad es asegurar que los espacios donde viven y se desarrollan los menores garanticen su seguridad por encima de cualquier otra consideración.
«El interés superior del menor debe quedar claramente justificado en cada acto y resolución, exponiendo cómo se protege de forma óptima su bienestar físico y psicológico», señala el anteproyecto.
Medidas para atajar la violencia de género
Durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, destacó la urgencia de estas reformas basándose en datos preocupantes. Saiz recordó que el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026 subraya la necesidad de avanzar en la mejora del sistema de protección.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende reducir la vulnerabilidad de los menores y garantizar que la justicia se convierta en un ámbito protector donde prevalezca el bienestar infantil. El anteproyecto comenzará ahora su tramitación para obtener la aprobación definitiva.
