Madrid, 5 de mayo de 2026 — La maniobra judicial del Partido Popular en el caso Koldo ha generado una respuesta conjunta y poco común en el parlamento: tanto PSOE como Vox han expresado su rechazo sobre la decisión del PP de reducir la pena solicitada para el empresario Víctor de Aldama, lo que podría implicar que evite la prisión.
El Partido Popular modificó su petición original de siete años a cinco años y medio de reclusión. Dado que esta condena es inferior a seis años y considerando posibles beneficios o suspensiones, Aldama —considerado el «conseguidor» de la trama— podría no cumplir pena efectiva en prisión.
PSOE considera la decisión una auténtica irregularidad
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, encabezó la crítica hacia el PP, calificando la reducción de pena como una medida inapropiada. López destacó la gravedad de los delitos investigados y la cuantía económica involucrada en las comisiones sospechosas.
- Impunidad en cuestión: «Quién habría recibido cinco millones en comisiones estaría en libertad», denunció el portavoz, insistiendo en que el PP debe aclarar los motivos detrás de esta acción judicial.
- Cuestionamiento de la colaboración: López también restó importancia a la supuesta cooperación de Aldama con la justicia: «Ha proporcionado muchas declaraciones, pero ¿dónde están las pruebas concretas?».
Vox también manifiesta su rechazo
Desde otro sector político, la portavoz de Vox, Pepa Millán, expresó igualmente su desacuerdo con la postura adoptada por los abogados del PP. Aunque con un tono más moderado que el PSOE, Millán expresó su desconfianza hacia Aldama.
«No confío en Aldama. Todos los implicados en la presunta trama corrupta deben recibir sanciones sin excepción», afirmó la portavoz de Vox.
Un contexto judicial controvertido
La disminución de la petición de prisión por parte del PP ocurre en un periodo de elevada tensión política, donde la credibilidad de los testimonios en el caso Koldo es objeto de debate. Mientras el PP ajusta sus solicitudes penales, sus contrincantes interpretan este cambio como un posible trato favorable hacia un miembro destacado de la presunta red de corrupción.
