El Ejecutivo español está elaborando un decreto ley con el objetivo de acelerar las expulsiones de migrantes a Marruecos desde Ceuta. Esta iniciativa, que podría ser aprobada en el próximo Consejo de Ministros, aplicará a quienes hayan iniciado trámites de asilo tras el ingreso masivo ocurrido el 30 de julio.
Impulsado principalmente por el Ministerio del Interior, el decreto pretende reducir los tiempos administrativos y judiciales que faciliten las devoluciones. De acuerdo con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Ceuta permanecen más de 10.000 migrantes y la mayoría de las peticiones de asilo estarían sujetas a denegación.
La nueva norma suprimiría la intervención previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, de forma que el Ministerio del Interior pueda avanzar directamente en la resolución de los expedientes. También contempla que los migrantes procedentes de países considerados seguros, como Marruecos, puedan ser expulsados antes de que se resuelvan todos los recursos legales.
El decreto fija un plazo de cinco días para apelar ciertas denegaciones de asilo y establece que estos procedimientos se tramiten con carácter preferente. Asimismo, se examina la posibilidad de archivar solicitudes si los solicitantes abandonan los centros de acogida en Ceuta.
El Gobierno pretende reforzar jurídicamente el decreto para impedir que las expulsiones sean suspendidas por recursos masivos. No obstante, organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por la posible ausencia de un análisis individualizado de las peticiones.
