El Ejecutivo de Juan Vivas celebra un Pleno exprés para mover 36,2 millones de euros y aprobar beneficios fiscales a proyectos privados mientras Ceuta afronta una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente
31 de julio de 2026
El Gobierno de Juan Vivas vuelve a estar en el centro del debate político tras celebrar este viernes un Pleno extraordinario de apenas cinco minutos de duración para aprobar modificaciones presupuestarias por valor de 36,2 millones de euros y declarar estratégicos dos proyectos empresariales con importantes ventajas fiscales, en un momento en el que Ceuta atraviesa una de las crisis migratorias más graves de los últimos años.
La decisión ha generado críticas por producirse apenas veinticuatro horas después de que el propio Ejecutivo suspendiera las comparecencias previstas de varios consejeros alegando que toda la actividad institucional debía centrarse en la gestión de la emergencia que vive la ciudad.
Sin embargo, un día después, el Gobierno sí reunió al Pleno para sacar adelante expedientes de carácter económico, entre ellos dos declaraciones de proyectos estratégicos que permitirán a empresas privadas beneficiarse del tipo superreducido del 0,5 % del IPSI.
Una contradicción difícil de justificar
Si la gravedad de la situación obligaba a paralizar la actividad ordinaria de la Asamblea, resulta difícil entender por qué esa misma emergencia no impedía celebrar un Pleno cuyo objetivo principal era aprobar movimientos presupuestarios y ventajas fiscales.
En poco más de cuatro minutos, los diputados dieron luz verde a dos modificaciones presupuestarias que redistribuyen 36,2 millones de euros del Presupuesto de 2026. Entre las partidas destacan 22,6 millones destinados a obras de emergencia, 12,8 millones para amortización de préstamos, nuevas transferencias económicas y la declaración como proyectos estratégicos de la incubadora tecnológica Odissea y de una planta de almacenamiento de gas licuado en Loma Mendizábal.
Mientras tanto, la ciudad continúa sometida a una enorme presión por la llegada masiva de migrantes, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y los recursos públicos trabajando al límite de su capacidad.
La prioridad del Ejecutivo
La explicación ofrecida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas —«cuanto menos dure el Pleno, mejor»—, lejos de disipar las críticas, refuerza la percepción de que el propio Gobierno era consciente de que la prioridad debía ser la gestión de la emergencia.
Precisamente por ello sorprende que decidiera mantener únicamente aquellos asuntos relacionados con importantes movimientos de fondos públicos y beneficios fiscales para determinadas inversiones privadas.
La Consejería de Economía y Hacienda vuelve así a situarse en el centro de la controversia al impulsar una sesión extraordinaria que numerosos sectores consideran que podía haberse aplazado dadas las circunstancias excepcionales que atraviesa Ceuta.
Una cuestión de prioridades
La imagen proyectada es la de un Ejecutivo que, mientras solicita unidad y responsabilidad ante una crisis de enorme magnitud, considera imprescindible sacar adelante expedientes económicos y ventajas fiscales para proyectos empresariales.
Porque, cuando una ciudad vive una situación límite, las prioridades también son un mensaje político.
Y tras el Pleno celebrado este viernes queda una pregunta que marcará el debate público en los próximos días:
¿Era realmente más urgente aprobar beneficios fiscales y mover 36,2 millones de euros que suspender toda la actividad institucional para concentrar todos los esfuerzos en la crisis que vive Ceuta?
