Madrid — El Ejecutivo español ha expresado su firme rechazo al pacto acordado entre varios países de la Unión Europea para establecer un centro de deportación y retorno de migrantes en Ruanda. Desde el Gobierno se ha puesto en duda la legitimidad de esta propuesta y se ha apostado por un enfoque que respete los derechos humanos.
Asimismo, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, manifestó que las denominadas «soluciones innovadoras» promovidas por socios comunitarios como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos no cuentan con garantías jurídicas firmes. «No apoyamos esas soluciones innovadoras que, además, presentan una dudosa legitimidad», declaró Saiz, subrayando que España defiende siempre una migración regular, ordenada y segura.
Un frente común europeo y diferencias esenciales
El plan, que propone trasladar a territorio ruandés a aquellos solicitantes cuyo recurso de asilo haya sido denegado de forma definitiva, ha recibido la oposición contundente del Ejecutivo central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió que este tipo de políticas de externalización de fronteras carecen de «futuro y humanidad», distanciándose de las iniciativas que pretenden delegar la gestión de los retornos fuera de la Unión Europea.
Mientras que ciertos sectores de la UE y los países implicados aseguran que esta medida acelerará los procesos de expulsión y combatirá las redes criminales, el Gobierno español defiende priorizar la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, garantizando el respeto absoluto al derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales.


