El Ejecutivo ha incrementado la firmeza de su discurso respecto a la inmigración irregular tras la crisis ocurrida en Ceuta a finales de julio y ante la posible convocatoria de nuevas entradas para el 15 de agosto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado un aviso directo a quienes planeen acceder al territorio español de forma irregular: “Quienes entren de manera irregular en Ceuta y Melilla deben saber que serán devueltos”.
Albares también advirtió sobre la desconfianza ante informaciones difundidas en redes sociales o por organizaciones dedicadas al tráfico de personas que ofrezcan supuestas ventajas tras cruzar la frontera.
“No pongan en riesgo sus vidas, sus recursos económicos ni su futuro en una acción destinada al fracaso”, alertó el ministro.
El Gobierno centra su atención en las devoluciones
Estas declaraciones reflejan un endurecimiento del discurso oficial en medio de la gestión de las secuelas de la entrada masiva del 30 de julio.
Los datos ofrecidos por el Gobierno sitúan en torno a 80.000 personas las que cruzaron de forma irregular a Ceuta, aunque la mayoría habría regresado luego a Marruecos.
Las autoridades locales de Ceuta indican que aún permanecen miles de personas en la ciudad.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calculado que podrían quedar cerca de 10.000 personas y ha subrayado la necesidad de disminuir esa presencia para evitar que se genere de nuevo la creencia de que entrar irregularmente en la ciudad permite quedarse en España.
Los menores, un enfoque prioritario para el Ejecutivo
El mensaje del Gobierno también se extiende a los menores extranjeros no acompañados que arribaron durante la crisis.
Según Albares, uno de los objetivos principales es facilitar que aquellos menores que sea legalmente posible puedan volver con sus familias en Marruecos.
El ministro indicó que la meta es atender a “todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”.
En el caso de los menores, cualquier devolución debe realizarse individualmente y respetando las garantías que protegen la infancia, incluyendo la comprobación de que la reunificación familiar responde al interés superior del menor.
No se contempla, por lo tanto, una expulsión automática o colectiva.
Vivas valora positivamente el cambio de discurso
El presidente de Ceuta ha expresado su apoyo a la postura manifestada por el Gobierno.
Vivas sostiene que permitir que quienes hayan entrado irregularmente se mantengan en la ciudad podría incrementar el riesgo de que situaciones similares se repitan.
“La forma más efectiva de evitarlo es que nadie conserve la idea de que viniendo a Ceuta se alcanza aquello que se busca”, afirmó.
El presidente ceutí lleva días solicitando al Estado más refuerzos policiales, apoyo para la oficina de Extranjería y medidas adicionales para recuperar la normalidad en las calles.
Europa colaborará en el refuerzo de la frontera
Albares aseguró que la Unión Europea está participando activamente en la respuesta ante la situación en Ceuta y Melilla.
Aún no se han detallado todas las medidas que se podrían implementar.
Vivas opina que la ayuda debería enfocarse tanto en personal como en mejoras en las infraestructuras fronterizas.
Además del despliegue adicional de policías, guardias civiles y militares, se ha instalado una barrera marítima de unos 500 metros alrededor del Tarajal.
La atención está puesta en el 15 de agosto, fecha para la que se han difundido mensajes en redes sociales convocando un nuevo intento de acceso.
Sin embargo, la existencia de tales llamadas no implica que necesariamente se produzca otro episodio masivo, aunque las autoridades han reforzado las medidas de seguridad por precaución.
Italia y Dinamarca solicitan mayor firmeza a Europa
La crisis en Ceuta ha reavivado las discrepancias dentro de la Unión Europea sobre la gestión de la inmigración irregular.
Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, defendieron esta semana una política más estricta y plantearon la creación de centros de retorno en terceros países.
Ambas líderes vincularon la inmigración irregular masiva con problemas en la presión de servicios públicos, seguridad y confianza ciudadana.
Estas declaraciones reflejan la postura política de sus gobiernos y no implican una relación directa entre inmigración y delincuencia.
Los centros de retorno generan divergencias entre España y otros países europeos
Italia y Dinamarca apuestan porque los migrantes con orden de expulsión puedan ser enviados a instalaciones fuera del territorio comunitario.
Italia ya puso en marcha un programa similar en Albania, aunque ha enfrentado importantes obstáculos judiciales y está pendiente de decisiones a nivel europeo.
El debate ha tomado impulso tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo del Reglamento de Retornos, que ofrece nuevas herramientas para facilitar las devoluciones y habilita acuerdos con terceros países bajo ciertas garantías.
España, por su parte, ha expresado reservas sobre estos centros y ha cuestionado que algunos modelos cumplan completamente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Albares critica la «desinformación»
A pesar del endurecimiento del mensaje en materia migratoria, Albares también criticó quienes, según el Gobierno, utilizan la crisis con fines políticos.
El ministro denunció la existencia de “confrontación y desinformación” y atribuyó a sectores de lo que llamó “internacional reaccionaria” el intento de sacar partido político e ideológico de los hechos en Ceuta.
Este mensaje surge en un contexto de elevada tensión con Italia.
Roma mantiene controles a viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta, mientras España ha respondido con controles similares.
Ceuta se convierte en uno de los principales temas de debate en Europa
La magnitud de la crisis llevó a convocar una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE.
España ha defendido frente a sus socios que está trabajando para controlar las entradas irregulares, mientras otros países piden mayores garantías para evitar movimientos secundarios hacia el resto del territorio europeo.
El Gobierno asegura haber logrado un acuerdo europeo para intensificar el apoyo a la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla.
En este contexto, el Ejecutivo español sostiene dos mensajes: solicita cooperación europea y rechaza ciertos modelos de externalización migratoria, pero al mismo tiempo refuerza su postura en contra de las entradas irregulares y promete aumentar los retornos cuando proceda legalmente.
La evolución del escenario en Ceuta y la convocatoria para el 15 de agosto marcarán si este cambio de discurso deriva en nuevas medidas en la frontera.
