El Ministerio de Vivienda pretende convalidar la norma antes de que acabe el año, mientras Podemos y Sumar critican la falta de comunicaciones y Junts condiciona su apoyo a deducciones fiscales y al IVA para autónomos.
El Ejecutivo español vive una nueva fase de tensión parlamentaria en relación con la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. Aunque desde el Partido Socialista afirman que la ministra titular, Isabel Rodríguez, está comprometida en las negociaciones para aprobar la norma en las próximas semanas, algunos socios clave del Gobierno en el Congreso niegan haber mantenido contactos recientes. Esta falta de acuerdo amenaza con desviarse de los calendarios establecidos por Moncloa, que esperaba aprobar el decreto en el Consejo de Ministros tras el descanso estival para luego someterlo a convalidación antes de diciembre.
Representantes de Podemos han expresado dudas sobre los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalando que las últimas reuniones formales se produjeron antes de las vacaciones, cuando la formación rechazó incorporar una reforma de la Ley del Suelo. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado deficiencias en la gestión de los tiempos legislativos por parte del Gobierno y ha considerado insuficiente el reciente compromiso del presidente Pedro Sánchez, relativo al lanzamiento de un portal con 800 viviendas públicas para alquiler asequible.
Asimismo, en el espacio plurinacional de Sumar han surgido críticas que exigen mayor celeridad por parte del sector socialista del Gobierno. Mientras que partidos como Compromís presionan para acelerar el trámite del decreto y proteger a los arrendatarios frente a la subida de alquileres, desde el Ministerio de Vivienda indican que el principal obstáculo radica en las demandas planteadas por Junts per Catalunya. Esta formación catalana vincula su apoyo a la introducción de desgravaciones fiscales para pequeños propietarios y a limitar en 85.000 euros el umbral para la exención del IVA en el régimen de autónomos, una propuesta rechazada por Hacienda por sus repercusiones recaudatorias.
A la complejidad para lograr la mayoría parlamentaria se añade el impacto del contexto político nacional, marcado en las últimas semanas por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, tema que ha copado la agenda mediática e institucional. Pese a la saturación del calendario legislativo y a las peticiones de adelanto electoral por la oposición, desde el Ministerio de Vivienda mantienen como prioridad obtener la aprobación de la Cámara Baja antes de que concluya el año.
