El decreto para regularizar a medio millón de extranjeros exige no tener antecedentes penales y flexibiliza casos de detenciones o investigaciones sin sentencia firme
El Gobierno de España ha establecido oficialmente las condiciones para llevar a cabo la regularización extraordinaria de inmigrantes, iniciativa que facilitará a más de 500.000 personas en situación irregular obtener un permiso temporal de residencia y trabajo durante un año. De acuerdo con el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el principal requisito para acceder a este proceso es la ausencia de antecedentes penales, aunque la normativa introduce interpretaciones abiertas respecto al historial policial de los solicitantes.
La regulación, que entra en vigor este jueves, indica que los interesados deben acreditar su estancia en España antes del 1 de enero de 2026 y contar con una permanencia mínima de cinco meses. Sin embargo, el control de seguridad representa el componente esencial del procedimiento. La Administración solicitará un certificado de antecedentes penales que cubra tanto España como los países en los que el solicitante haya residido durante los cinco años previos, refiriéndose exclusivamente a delitos contemplados en la legislación española.
Diferenciación entre antecedentes penales y policiales
Un aspecto relevante de la reforma es la distinción entre dos documentos: el certificado de antecedentes penales y el informe policial. Mientras que el certificado es vinculante y su obtención negativa conlleva la denegación de la autorización, el informe policial, que recoge posibles detenciones o investigaciones sin sentencia firme, se considerará con mayor flexibilidad.
El texto legal aclara que “la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”. De este modo, las autoridades que tramitan las solicitudes evaluarán de forma “casuística y circunstanciada” si la persona representa una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o la salud pública, evitando que arrestos sin condena definitiva impidan injustificadamente el trámite.
Procedimiento diplomático para situaciones complejas
El Ejecutivo reconoce que algunos extranjeros podrán enfrentar dificultades para obtener los certificados de sus países de origen. Para evitar retrasos burocráticos, se ha establecido un mecanismo que permite presentar una declaración responsable si el documento no se obtiene en el plazo de un mes. En esos casos, el Ministerio de Justicia gestionará la solicitud por vías diplomáticas. Si tras tres meses no se recibe respuesta externa, el procedimiento se dará por terminado.
Además del control de seguridad, existen otros requisitos vinculados al arraigo. Los solicitantes deberán demostrar la existencia de contratos laborales, responsabilidades familiares (menores o personas con discapacidad) o encontrarse en una situación de vulnerabilidad comprobada por entidades sociales. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que esta iniciativa busca documentar a quienes ya colaboran con la sociedad, enfatizando que no está dirigida a delincuentes.
