Los extranjeros que regularicen su situación con el nuevo decreto podrán acceder al sistema público sanitario y a ayudas sociales, aunque deberán aguardar un año para solicitar el Ingreso Mínimo Vital
Con la entrada en vigor este jueves del Real Decreto de regularización extraordinaria, se establece un nuevo marco legal para aproximadamente medio millón de personas en España. Más allá de la autorización de residencia y trabajo mediante la obtención del Número de Afiliación a la Seguridad Social (NUSS), el estatus de residente legal facilita el acceso igualitario a numerosos servicios y prestaciones públicas, equiparable al de los ciudadanos españoles.
Una de las bases para esta integración documental es la adquisición de la tarjeta sanitaria. Los individuos que se beneficien de la regularización podrán gestionarla en la comunidad autónoma en la que residan, asegurando así su derecho a la asistencia sanitaria pública. Para este proceso, según establece el texto publicado en el BOE, bastará con presentar certificado de empadronamiento y el número de la Seguridad Social otorgado al finalizar la regularización.
La condición del año de residencia para optar al IMV
En cuanto a las prestaciones económicas, el acceso no es automático en todos los casos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las ayudas más solicitadas para asegurar un nivel mínimo de ingresos, requiere como condición esencial haber residido legalmente y de manera efectiva en España durante al menos doce meses. Por lo tanto, quienes regularicen su situación a través de este procedimiento deberán esperar un año antes de poder presentar la solicitud para esta ayuda.
Sin embargo, existen otras ayudas que no exigen este período previo. Entre las más destacadas se encuentran:
- Ayudas para el alquiler: El Estado proporciona subvenciones que cubren hasta el 50% de la renta mensual, siempre que el contrato no supere los 600 euros (o 900 euros en zonas con alta demanda).
- Apoyo para la compra de alimentos: Se facilita el acceso a las «Tarjetas Monedero» autonómicas, con importes que varían entre 130 y 220 euros para familias en situación de vulnerabilidad.
- Ayudas por nacimiento: Pago único de 1.000 euros destinado a familias monoparentales, numerosas o madres con discapacidad superior al 65%.
- Deducción por maternidad: Conocida como «cheque bebé», ofrece hasta 1.200 euros anuales para madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Educación postobligatoria y facilidad para la movilidad europea
En el ámbito educativo, aunque la escolarización básica está asegurada independientemente de la situación administrativa, contar con residencia legal habilita el acceso a las etapas educativas postobligatorias. Esto incluye la posibilidad de obtener títulos de Bachillerato y estudios universitarios, así como la opción de optar a las becas públicas del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, otorgadas mediante convocatoria competitiva.
Adicionalmente, la regularización ofrece un beneficio en movilidad internacional. Los nuevos residentes podrán desplazarse libremente por los 29 países del Espacio Schengen hasta por 90 días, bajo las mismas condiciones que aplican para visados turísticos, facilitando su circulación en Europa.
Finalmente, el decreto asegura protección específica para determinados colectivos, permitiendo que víctimas de violencia de género o sexual tengan acceso a un subsidio mensual equivalente entre el 80% y el 95% del IPREM durante un máximo de 30 meses, siempre que se cumplan los requisitos relacionados con el desempleo y la inscripción como demandante de empleo.
