La Audiencia Nacional toma declaración a un subteniente de la Guardia Civil y al gestor de Soluciones de Gestión. Además, se han programado para el 20 de julio las declaraciones de Jéssica Rodríguez y el hermano de Koldo García por supuestos «enchufes» en compañías públicas.
MADRID. — El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reanudado este miércoles la investigación del ‘caso Koldo’. Esta nueva etapa ocurre después de la reciente condena dictada por el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama —quien recibió una pena menor que quedó en suspenso tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Justicia—.
En el día de hoy, el juez ha tomado declaración a dos testigos clave para esclarecer la supuesta trama de la venta irregular de mascarillas: un subteniente de la Guardia Civil asignado a la seguridad del Ministerio de Transportes y el director legal de la empresa Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche.
El acceso permanente de la trama a Nuevos Ministerios
La Fiscalía Anticorrupción considera esencial el testimonio del subteniente de la Guardia Civil, quien estaba destinado en el complejo ministerial de Nuevos Ministerios. Este agente fue señalado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) por mantener frecuentes encuentros con Koldo García entre 2022 y 2023.
Según las investigaciones, la declaración de este agente confirma el «acceso permanente» que Víctor de Aldama tenía a las oficinas oficiales del Ministerio de Transportes. Anticorrupción señala que el subteniente vincula directamente a la cúpula encargada de la gestión de contratos con el Grupo Cueto —holding empresarial que controlaba en la sombra Soluciones de Gestión— y que parte de los beneficios de la trama se destinaron a un negocio relacionado con pizarras.
Por otro lado, Rotaeche, detenido inicialmente al estallar el caso, ha declarado en calidad de responsable formal de Soluciones de Gestión. No obstante, la UCO asegura que el verdadero propietario es el empresario Juan Carlos Cueto, quien evitó figurar en la documentación oficial ya que estaba procesado en otra investigación previa conocida como el ‘caso Defex’.
Próximo paso: Los contratos vinculados a la expareja de Ábalos
Tras estas declaraciones, el juez Moreno ha establecido el calendario de actuaciones inmediatas. Ha citado como investigados para el 20 de julio a tres personas recientemente imputadas en una pieza separada del procedimiento:
- Jéssica Rodríguez: Expareja del exministro José Luis Ábalos, investigada por una supuesta contratación irregular («enchufe») en las empresas públicas de ingeniería Ineco y Tragsatec. Los investigadores sospechan que Rodríguez fue un enlace clave para conectar a Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama con altos funcionarios ministeriales responsables de las adjudicaciones de material sanitario.
- Joseba García: Hermano de Koldo García, señalado por su posible implicación en la estructura familiar y empresarial vinculada a la trama.
- Ignacio Zaldívar: Ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), presuntamente asociado a decisiones organizativas que favorecieron a la red corrupta.
Con estas próximas comparecencias, la Audiencia Nacional persigue esclarecer las conexiones laborales y de influencia que los principales responsables de la trama desarrollaron dentro de las empresas e instituciones ligadas al Ministerio de Transportes durante la etapa más crítica de la pandemia.
