El juicio decisivo sobre la «Operación Kitchen» ha vuelto a colocar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto con la antigua cúpula del Partido Popular, en el centro del debate político y judicial. Tras varias semanas dedicadas a cuestiones previas y testimonios de responsables policiales, la Audiencia Nacional se prepara para recibir uno de los testimonios más esperados: el del propio Rajoy, quien deberá aclarar su posible conocimiento acerca de la red ilegal de espionaje contra el extesorero Luis Bárcenas.
Una operación destinada a «proteger al PP»
El proceso Kitchen examina el uso de fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015, con el objetivo de recuperar documentos comprometedores en poder de Bárcenas que pudieran implicar a altos cargos del PP en la contabilidad paralela del partido.
En el banquillo de los acusados figuran personas relevantes del gobierno de Rajoy, entre ellos el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, así como su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Testimonios de especial relevancia
Aunque personajes como María Dolores de Cospedal y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han sido convocadas como testigos, la atención sobre Rajoy aumenta tras las afirmaciones de los agentes investigadores. El inspector jefe Gonzalo Fraga, responsable de la investigación de Asuntos Internos, confirmó recientemente ante el tribunal que las agendas del excomisario José Manuel Villarejo albergaban «planes precisos» que señalaban hacia los niveles más altos de la dirección nacional del partido.
La estrategia de desconocimiento
Hasta ahora, los funcionarios que han comparecido, como el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, han adoptado una postura común: negar cualquier conocimiento sobre la operación o los pagos realizados al chófer de Bárcenas para que actuara como informante.
No obstante, las acusaciones populares, entre ellas PSOE y Podemos, sostienen que una acción de tal magnitud, que involucra a la cúpula policial y fondos públicos, difícilmente pudo ejecutarse sin el conocimiento del entonces presidente del Gobierno. Con la declaración próxima de Rajoy, el proceso judicial alcanza una fase decisiva, con posibilidades de reabrir cuestiones sensibles relacionadas con una etapa compleja de la corrupción en España.
