La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias considera inadmisible la exclusión del donanemab del Sistema Nacional de Salud, un medicamento avalado por la EMA que ralentiza considerablemente la progresión del alzhéimer.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, ha decidido no financiar dentro del Sistema Nacional de Salud el medicamento Kisunla® (donanemab). Este fármaco es el primero y único que ha demostrado capacidad para alterar el curso clínico de la enfermedad de Alzheimer, destinado a pacientes adultos en fases sintomáticas tempranas, es decir, con deterioro cognitivo leve o demencia leve. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha calificado esa decisión, adoptada en la sesión del 15 de julio de 2026, como «inadmisible» y advierte que deja sin opciones terapéuticas públicas a miles de personas en España.
La evidencia científica del fármaco desarrollado por Lilly
El donanemab es fruto de más de 35 años de investigación por parte de la farmacéutica Lilly. A diferencia de los tratamientos convencionales que solo alivian los síntomas de forma temporal, este anticuerpo monoclonal destaca por modificar el desarrollo de la enfermedad. Además, cuenta con evidencia científica que respalda la finalización del tratamiento cuando se eliminan las placas de amiloide acumuladas en el cerebro de los pacientes.
Los datos clínicos recogidos en la población europea confirman la eficacia del medicamento en las etapas iniciales de la enfermedad:
- Progresión clínica: Donanemab reduce en un 38% el riesgo de avanzar al siguiente estadio clínico frente al placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento disminuye en un 48% la probabilidad de que el paciente desarrolle demencia moderada comparado con quienes no reciben la terapia.
Aunque cuenta con la aprobación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y está disponible en más de cincuenta países —además de en la sanidad privada española—, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas restringe su acceso en la sanidad pública. Desde la confederación de pacientes denuncian que esta decisión no cuestiona la evidencia científica del fármaco, sino que impide que neurólogos y especialistas del sistema público puedan prescribirlo a los pacientes que cumplen los criterios clínicos establecidos.
Impacto en las familias y en el sistema de dependencia
Las asociaciones de pacientes y sociedades científicas alertan sobre el impacto inmediato e irreversible de esta resolución en una generación de enfermos. Por la naturaleza degenerativa del alzhéimer, el paso del tiempo hará que nuevos pacientes pierdan definitivamente los criterios clínicos estrictos necesarios para beneficiarse de esta terapia temprana, perdiendo la oportunidad de frenar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otro lado, CEAFA rechaza los argumentos económicos que fundamentan la negativa a la financiación pública. Los familiares indican que el coste medio estimado para cuidar a una persona con alzhéimer avanzado es alrededor de 30.000 euros anuales, una cifra que las familias españolas afrontan casi en un 80 % debido al colapso crónico que tiene el sistema público de dependencia. Según la confederación, no financiar la terapia en fases tempranas no implica un ahorro real para el Estado, ya que traslada el gasto a etapas posteriores más graves, cuando la dependencia y los costes sanitarios y sociales son mucho mayores.
Una resolución que rompe el acuerdo técnico y social
La decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos llega después de varios meses de trabajo conjunto entre asociaciones y sociedades científicas. Durante este tiempo, se mantuvieron encuentros con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables del ámbito sanitario para elaborar propuestas que aseguraran una incorporación planificada, justa y científicamente rigurosa de estos tratamientos innovadores al Sistema Nacional de Salud. Este proceso contó con el apoyo explícito del Ministerio de Industria y Turismo, que destacó la importancia estratégica de facilitar la adopción de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para investigadores y sanitarios, la negativa gubernamental envía un mensaje negativo a la comunidad científica. Subrayan que, tras años de esfuerzos e inversión en la búsqueda de tratamientos efectivos contra el alzhéimer, se impide que los resultados investigativos lleguen a los pacientes del sistema público justo cuando la ciencia ha alcanzado su meta.
