Mediante terapias como electrochoques y comas insulínicos, el régimen reprimía la disidencia sexual femenina en instituciones religiosas y psiquiátricas. Las mujeres supervivientes reclaman reconocimiento, justicia y reparación.
MADRID– El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), una de las instituciones más oscuras de la dictadura franquista, fue creado para controlar la moralidad femenina y utilizó centros psiquiátricos para recluir y aplicar tratamientos coercitivos a mujeres lesbianas. Esto se expone en la cuarta edición del libro de la historiadora Carmen Guillén, ‘Redimir y adoctrinar: el Patronato de Protección a la mujer’, que investiga los mecanismos represivos contra miles de jóvenes consideradas rebeldes o “desviadas”.
El Patronato, gestionado diariamente por congregaciones religiosas en toda España, funcionaba como un riguroso sistema de control moral. Guillén señala que el régimen “castigaba la disidencia respecto al modelo de mujer sumisa y decente, vinculada al hogar”. Cualquier joven que incumplía las normas podía ser internada tras una denuncia realizada por una autoridad, familiar o particular.
La vida cotidiana en estos centros se caracterizaba por el “silencio, la oración y trabajo forzado” en talleres. Las estancias habituales iban de seis meses a dos años, aunque podían extenderse hasta seis años si las internas se fugaban y eran nuevamente capturadas.
El peor escenario para el régimen
Entre los perfiles perseguidos, las mujeres homosexuales representaban “todo lo que el régimen buscaba evitar”, apunta la historiadora. Al sentir deseo sexual hacia otras mujeres, desafiaban los dogmas imperantes. Por ello, las clasificadas como lesbianas dentro del Patronato eran enviadas a áreas específicas de centros psiquiátricos como el de Ciempozuelos (Madrid) —donde existía un ala llamada “las patronatas”— o el de Arévalo (Ávila).
Consuelo García del Cid, superviviente y autora de ‘Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer’, comenta que la dureza de la represión dependía de la congregación religiosa responsable. En el reformatorio de las Adoratrices en Madrid, del que escapó en 1976, define la persecución como “salvaje”. Cualquier forma de compañerismo estaba prohibida, ya que las monjas atribuían todo gesto de afecto al lesbianismo.
En los hospitales psiquiátricos, aunque las internas tenían habitaciones individuales y no estaban encadenadas, eran sometidas a experimentos médicos. “Recibían electrochoques y comas insulínicos, quedaban completamente desorientadas”, dice García del Cid, tras acceder a documentos confidenciales entregados anónimamente. Esta versión es respaldada por la activista Paca Blanco, que estuvo internada en varios centros como Villalba y Peña Grande, y presenció cómo la medicación y los electrochoques perjudicaban gravemente a las jóvenes.
Contraste entre centros y resistencia interna
La experiencia de las internas varió a lo largo del país. En contraste con Madrid, García del Cid comenta que en el centro del Buen Pastor en Barcelona había cierta libertad y las lesbianas “eran respetadas”. Allí no se usaban uniformes y las jóvenes homosexuales se identificaban abiertamente. “Allí estaban las fugadas de toda España y el perfil de rebeldía era alto”, señala la superviviente, quien indica que la estricta imposición de normas en ese lugar provocó motines.
Las violaciones de derechos humanos en estas instituciones, dirigidas a mujeres de entre 16 y 25 años, involucran celdas de castigo, aislamiento, trabajos no remunerados para empresas externas, suicidios, adopciones forzadas y robo de bebés a madres solteras. Determinar la magnitud real de estos casos resulta imposible, ya que los archivos de las congregaciones religiosas permanecen privados.
Un final trágico y la búsqueda de reparación
El fin del Patronato se aceleró en 1983 tras la tragedia de Inmaculada Valderrama. Con solo 15 años, la joven murió al lanzarse por una ventana del reformatorio de San Fernando de Henares (Madrid), hecho que impulsó el cierre definitivo en 1985.
Este año se ha reconocido oficialmente como víctimas a 53 mujeres, aunque colectivos de supervivientes e historiadores afirman que la cifra real es mayor. Reclaman su inclusión explícita en la ley de memoria histórica para garantizar una reparación económica que les permita “vivir con dignidad”.
Para dar visibilidad a la memoria de estas mujeres, en noviembre se estrenará en cines la película ‘Ruega por nosotras’, dirigida por Daniel Monzón.
