MADRID – El Partido Popular, con su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado una propuesta de la oposición destinada a indagar en los problemas financieros derivados de la expansión de Canal de Isabel II en Iberoamérica. Esta decisión impide la realización de una auditoría específica sobre las cuantiosas pérdidas que han acumulado las filiales en el extranjero, un asunto que la izquierda describe como un «daño patrimonial sin precedentes».
El origen del conflicto: filiales en entredicho
El conflicto surge en torno a la gestión de Canal Extensia, la división responsable de las inversiones internacionales de la empresa pública madrileña. De acuerdo con los informes que respaldan la solicitud de la oposición, la expansión del Canal en el extranjero ha resultado en una depreciación significativa de activos y en procesos legales que pueden generar un costo para el sector público de decenas de millones de euros.
La oposición, que incluye a Más Madrid, PSOE y Vox, coincidía en la necesidad de que la Cámara de Cuentas realizase un análisis profundo sobre la liquidación de estas filiales, especialmente después de los casos de corrupción anteriores, como el caso Lezo, que afectaron la gestión de la empresa en países como Colombia y Brasil.
Las razones para el veto
El grupo parlamentario popular defendió su rechazo con el argumento de que la empresa ya se encuentra bajo estrictos controles legales y que la iniciativa de la oposición pretendía prolongar un conflicto político para desgastar la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Desde el PP afirmaron que las cuentas de Canal de Isabel II son públicas y transparentes, y consideraron innecesaria una comisión o fiscalización adicional para asuntos que, desde su perspectiva, ya están siendo manejados desde el punto de vista técnico y jurídico.
Por su parte, los representantes de la oposición criticaron lo que describen como una política de falta de transparencia y protección institucional. Acusan al Ejecutivo regional de impedir que la ciudadanía madrileña conozca la magnitud real del déficit económico y de obstaculizar el esclarecimiento de responsabilidades por una gestión comercial que califican de negligente.
Un impacto económico significativo
Aunque la cifra exacta del perjuicio económico permanece en discusión ante la ausencia de una auditoría concreta, las estimaciones apuntan a que las pérdidas acumuladas a causa de la salida desordenada y los litigios internacionales de las filiales americanas superan ampliamente los 100 millones de euros.
Con esta medida, el Partido Popular asegura, al menos temporalmente, la protección de la gestión de la principal empresa pública de la Comunidad frente a un control exhaustivo por parte del parlamento autonómico, mientras que la oposición analiza otras opciones legales o administrativas para exigir mayor transparencia en las cuentas del Canal.
