MADRID – Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha mostrado su desacuerdo con la Fiscalía General del Estado tras confirmar que el Ministerio Público mantendrá la solicitud de pena para Víctor de Aldama en el denominado ‘caso Mascarillas’. Feijóo calificó esta resolución como un «escándalo» y acusó al Gobierno de una intervención política destinada a castigar al empresario por sus declaraciones contra el entorno del presidente Pedro Sánchez.
Denuncias contra la supuesta «purga» en la Fiscalía
Al acudir a un evento en el Senado, Feijóo afirmó que en Derecho Penal es habitual conceder una atenuante a quienes cooperan con la justicia. El líder popular responsabilizó a la cúpula fiscal de invalidar la postura del fiscal anticorrupción, con el fin de impedir que se reconozca a quien ha señalado al presidente del Gobierno como principal implicado en la trama.
«Resulta inaceptable que la Fiscalía General intervenga y limite la actuación de un fiscal anticorrupción basándose en su propia doctrina de rebajar penas a quienes facilitan las investigaciones», declaró Feijóo.
El Partido Popular, que actúa como acusación popular, ha reducido su petición de prisión para Aldama de siete a cinco años. Esta decisión fue criticada por el Ejecutivo calificándola de «pacto de intereses», pero los populares defienden que es una práctica habitual para proteger a los informantes.
Requerimiento a Bolaños y defensa del informante
Frente a lo que califican de subordinación del Ministerio Público al Gobierno, el PP ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique la situación precaria en la que se encuentra la Autoridad Independiente de Protección al Informante.
Desde el PP señalan que esta entidad fundamental para la lucha contra la corrupción enfrenta:
- Ausencia de presupuesto propio.
- Dependencia directa del Ministerio de Justicia.
- Recursos humanos limitados que dificultan otorgar una protección efectiva a los denunciantes de tramas corruptas.
Fiscal General bajo escrutinio
Esta iniciativa parlamentaria se suma a la petición para que la fiscal general del Estado, Teresa Peramano, comparezca y explique las supuestas «purgas» internas que, según el PP, se llevan a cabo a través de nombramientos estratégicos para proteger al Gobierno frente a investigaciones judiciales relacionadas con casos que involucran al PSOE.
Con esta estrategia, Feijóo pretende centrar la atención en la administración del Ministerio de Justicia, cuestionando si el Estado ofrece las garantías necesarias para que los hechos relacionados con el ‘caso Ábalos’ puedan investigarse sin que los colaboradores sufran represalias.
