En un hecho sin precedentes en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular y Vox sumaron sus votos este jueves para aprobar una propuesta que solicita al Gobierno central condicionar las prestaciones sociales y la vivienda protegida al principio de «prioridad nacional», tomando como base criterios de arraigo histórico y trayectoria de cotización.
Este jueves, el contexto político en Madrid experimentó un cambio significativo durante el pleno de la Asamblea. El Partido Popular (PP) y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a que el acceso a todas las subvenciones, ayudas públicas y vivienda social se guíe por el concepto de «prioridad nacional». Es la primera vez que el grupo popular madrileño incorpora de forma explícita este concepto, clave en el discurso promovido por Santiago Abascal.
Aunque la iniciativa no tiene carácter vinculante, representa un avance legislativo al convertirse la Asamblea de Madrid en el primer parlamento autonómico en aprobar una propuesta con esta denominación. El documento final, elaborado por el PP mediante una enmienda modificativa respaldada por Vox, se basa en el modelo recogido en los acuerdos de gobierno entre estas dos fuerzas en comunidades como Aragón y Extremadura.
Arraigo y contribución El eje central de la propuesta es la «vinculación y permanencia en el territorio». Respecto a las ayudas públicas, la moción exige establecer periodos mínimos reforzados de empadronamiento y relacionar el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Además, el texto propone excluir a los inmigrantes en situación irregular de las prestaciones sociales estructurales, limitando su acceso únicamente a situaciones de «urgencia vital».
En cuanto a la vivienda, la PNL establece que el acceso debe estar ligado a un «arraigo real y prolongado». Se incluyen requisitos de al menos diez años de empadronamiento para la adquisición de vivienda protegida y cinco años para el alquiler social. Estos criterios temporales están siendo incorporados en el nuevo reglamento de vivienda que el Gobierno regional está tramitando actualmente.
Respuestas políticas Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, valoró positivamente el acuerdo, señalando que la prioridad nacional «no es una excentricidad, sino un retorno al sentido común», y advirtió a la presidenta Díaz Ayuso que «tendrá que dialogar con Vox». Por otro lado, Mónica García Molina (PP) defendió esta postura como una medida «sensata» basada en «legalidad y racionalidad», aunque criticó a sus socios por la falta de precisión jurídica en algunos planteamientos iniciales.
La oposición mostró una reacción crítica. Samuel Escudero, de Más Madrid, calificó la propuesta como un «residuo moral» que busca perjudicar a las personas más vulnerables. De su lado, Juan José Marcano, del PSOE, acusó al PP de abandonar su «sentido de Estado» para transformarse en una «parodia de la ultraderecha».
A pesar del acuerdo entre PP y Vox, el PP descartó incluir en el texto final las demandas más extremas de Vox, como la repatriación obligatoria de inmigrantes irregulares o la derogación del real decreto sobre universalidad sanitaria, enfocando la iniciativa únicamente en la gestión de recursos y prestaciones públicas.
