El ministerio público confirma la existencia de una red de corrupción en el Ministerio de Transportes. El exministro aprovecha su última intervención para rechazar los cargos y calificar el proceso como inquisitorial.
Este miércoles, el Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el juicio conocido como ‘caso Koldo’, que investiga la supuesta red de corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado con contundencia a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como la principal figura y beneficiario de una estructura que se habría aprovechado de la situación de emergencia sanitaria en 2020.
Las conclusiones de la Fiscalía
Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, ha presentado sus conclusiones definitivas, afirmando que las pruebas demuestran la existencia de una organización criminal destinada a obtener beneficios ilegales a través de contratos públicos. Según la Fiscalía, Ábalos ocupaba la posición de cabeza en esta organización, mientras que su asesor, Koldo García, actuaba como el ejecutor más cercano y fiel de dichas operaciones.
Asimismo, la Fiscalía ha descrito al empresario Víctor de Aldama como el intermediario clave y facilitador, que gracias a su proximidad con altos cargos del Ministerio logró beneficiarse y facilitar el pago de comisiones. Luzón indicó que Aldama logró insertarse en la estructura ministerial para manipular la adjudicación de contratos relacionados con material sanitario.
La defensa de Ábalos: denuncia de un proceso inquisitorial
Durante su última intervención, José Luis Ábalos rechazó de forma rotunda todos los cargos que se le imputan. Visiblemente emocionado, el exministro socialista expresó que ha sufrido una «presunción de culpabilidad» desde el comienzo y calificó la causa como un «proceso inquisitorial» motivado por intereses políticos y mediáticos. Subrayó que su derecho al honor no puede defenderse en estas circunstancias y afirmó que no existe ningún indicio de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Koldo García intervino brevemente para pedir disculpas por el perjuicio causado a sus allegados. Negó haber recibido pagos ilegales o comisiones y manifestó sentirse «destrozado».
Expectativa ante la sentencia
Después de varias semanas de testimonios y presentaciones de pruebas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el tribunal debe deliberar ahora sobre las penas solicitadas. La Fiscalía mantiene su solicitud de penas privativas de libertad para los principales implicados, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han destacado las irregularidades relacionadas con alquileres y pagos en efectivo apodados «chistorras» que supuestamente beneficiaron a la red.
Se prevé que la resolución se conozca antes del verano, cerrando uno de los procesos judiciales más relevantes en el escenario político español reciente.
