La confusión en torno a la implementación del dispositivo luminoso, obligatorio desde enero, genera incertidumbre entre los conductores sobre la posibilidad de recuperar el gasto en caso de un posible cambio legal.
MADRID – La baliza V16 conectada, que se presentó como uno de los proyectos más importantes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y su director Pere Navarro, comparado en relevancia con el carné por puntos, se ha convertido en una fuente significativa de preocupaciones para el sector automovilístico. Tras meses con mensajes poco claros, la reciente revisión que volvió a autorizar el uso de los triángulos de emergencia y la confirmación de que la Guardia Civil está aplicando poco la obligación del dispositivo en los controles, la insatisfacción entre los conductores es notable. En este contexto, surge una pregunta frecuente: si finalmente el Ejecutivo decide anular la norma, ¿sería posible solicitar la devolución del dinero invertido?
Desde el punto de vista legal y comercial, la respuesta no es favorable para el ciudadano común, aunque podría abrirse la puerta a importantes reclamaciones en el ámbito empresarial.
Los conductores particulares: una compra con escasas opciones de devolución
Para quienes adquirieron la baliza en tiendas o talleres, cuyo precio oscila entre 30 y 40 euros, la posibilidad de recuperar ese dinero es prácticamente inexistente.
- Venta tradicional: Los comercios ofrecieron un producto homologado que cumplía con la normativa vigente al momento de la compra. Dado que no existe un defecto en el producto ni hubo engaño, legalmente no están obligados a aceptar devoluciones ni a reembolsar el coste si la legislación cambia posteriormente.
- Intervención administrativa: Que el Estado compensara a los conductores requeriría demostrar una responsabilidad patrimonial derivada de sus leyes, un proceso judicial complejo, prolongado y con escasas garantías de éxito para los usuarios particulares debido a la cuantía involucrada.
Por ello, los expertos recomiendan conservar los triángulos de emergencia tradicionales.
Las dos formas legales para que la normativa cese
Para que la baliza V16 deje de ser obligatoria de forma definitiva, deberían cumplirse una de estas dos opciones legales:
- Un Decreto Ley del Gobierno: El Ejecutivo central emitiría y aprobaría una nueva norma que elimine expresamente la obligatoriedad del dispositivo luminoso, procedimiento similar al utilizado para establecerla inicialmente.
- Una sentencia judicial: Que los tribunales anulen la normativa tras las demandas presentadas por colectivos afectados, conllevando su exclusión del marco legal.
Las empresas fabricantes: el riesgo real de demandas por daños
El sector industrial es donde se anticipa una posible disputa jurídica importante en caso de que el Gobierno decida revertir la medida. Los fabricantes y desarrolladores tecnológicos son quienes realmente podrían presentar reclamaciones económicas relevantes contra el Estado.
Diversas compañías españolas invirtieron cientos de millones de euros en el diseño, fabricación, logística y certificación de estas balizas geolocalizadas, confiando en un mercado potencial de más de 30 millones de vehículos. No obstante, el desplome en ventas tras la campaña navideña y los cambios en los criterios de la DGT han generado una crisis financiera en el sector, llevando a algunas marcas pioneras a situaciones cercanas a la insolvencia.
Si el Ejecutivo revocase la obligatoriedad tras exigir esta inversión, estas empresas podrían fundamentar reclamaciones sustanciales por los perjuicios ocasionados.
