La formación entrega documentos contractuales y facturas al juzgado que indaga a la exmilitante por presuntas acciones contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.
MADRID. — El PSOE de Cantabria ha presentado ante la Justicia evidencia de que Leire Díez, exmiembro del partido, recibió un total de 44.859 euros brutos entre 2015 y 2017. Conforme a los documentos enviados al juez titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, estos pagos correspondieron a sus labores como asesora de comunicación, ejercicio que desarrolló bajo la modalidad de autónoma dependiente para la federación cántabra.
Dicha comunicación atiende una diligencia judicial solicitada en abril por la asociación HazteOir, que actúa como acusación popular en este procedimiento. El detalle aportado revisa y amplía la información inicial proporcionada por el PSOE, que solo había reportado un abono de 15.000 euros a Díez durante 2017.
Contratos, facturas e indemnización por transferencia bancaria
En el informe dirigido al magistrado, el PSOE describe que la relación contractual con Díez se segmentó en dos etapas según contratos de autónoma dependiente:
- Primer período (1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017): La exmiembro recibió 32.903 euros brutos, reflejados en 18 facturas.
- Segundo período (1 de marzo al 7 de septiembre de 2017): Se abonaron 11.956 euros brutos, incluyendo facturas correspondientes y la indemnización por la finalización unilateral del contrato por parte del partido.
La organización política ha entregado al juzgado toda la documentación que acredita estas circunstancias, incorporando ambos contratos firmados, las 26 facturas emitidas y la carta de rescisión. Además, se señala que los pagos se efectuaron exclusivamente mediante transferencia bancaria.
Dos procesos judiciales en curso
El juez Zamarriego tiene abierta una investigación contra Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La investigación se centra en supuestas estrategias de presión y desprestigio dirigidas a fiscales, jueces y altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el supuesto fin de obstaculizar distintas pesquisas judiciales.
Este procedimiento en los juzgados madrileños es independiente de la causa penal contra Díez que se tramita en la Audiencia Nacional.
En dicho procedimiento, liderado por el magistrado Santiago Pedraz, se investiga una presunta red destinada a interferir en procesos judiciales que pudieran perjudicar al PSOE y al Gobierno. Según esta causa en la Audiencia Nacional, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estaría al frente de esas presuntas actividades ilícitas, mientras que a Leire Díez se le atribuiría la coordinación de dichas operaciones.
