El Ejecutivo confía en que las comunidades autónomas respeten la legislación y participen en la distribución de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva ocurrida la semana pasada. Se busca evitar un enfrentamiento judicial, mientras el Partido Popular modera su postura y Vox presiona para que las regiones donde forma parte del Gobierno se opongan a los traslados.
Una semana después de la crisis en la frontera, Ceuta aún no ha recobrado la rutina habitual. El Ministerio del Interior afirma que aproximadamente 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron desde Marruecos ya fueron retornadas, aunque el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que podrían permanecer hasta 6.000 en la ciudad.
Los datos ofrecidos por ambas administraciones no coinciden y el conteo continúa, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que arribaron sin un adulto acompañante.
El Gobierno espera que las comunidades autónomas respeten la ley
Este miércoles, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hizo un llamamiento a la «solidaridad» de las comunidades autónomas y manifestó su confianza en que todas colaboren en la acogida.
“Se trata de cumplir con la ley, y es lo que espero que hagan todos los responsables, tanto a nivel autonómico como gubernamental”, señaló.
Cuerpo relacionó parte de las dudas expresadas por el PP con la presión que Vox ejerce en las comunidades donde ambos partidos tienen acuerdos de gobierno.
El Ejecutivo confía en que no sea necesario recurrir a los tribunales para hacer cumplir el reparto, aunque considera esta opción si alguna comunidad incumple las normas establecidas.
Ceuta señala que atiende a 1.100 menores
En 2025, el Gobierno central modificó la normativa de extranjería para crear un mecanismo obligatorio de distribución cuando las regiones afectadas superen ampliamente su capacidad habitual y declaren una situación de contingencia migratoria.
Esta situación sigue vigente desde hace meses en Ceuta y Canarias.
Según la actualización de junio, la capacidad normal asignada a Ceuta es de 29 menores. Vivas afirma que actualmente la ciudad atiende a alrededor de 1.100 niños y adolescentes migrantes, cifra que representa un 2.600% por encima de la capacidad crítica de acogida, según sus cálculos.
El reparto no podrá iniciarse de forma completa hasta que concluyan las tareas de identificación y se determine la situación personal y familiar de cada menor.
El PP suaviza su postura y muestra disposición a colaborar
La actitud del Partido Popular ha cambiado en los últimos días.
El secretario general, Miguel Tellado, responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez inicialmente y manifestó que quien generó la situación debía encargarse de resolverla.
No obstante, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, afirmó luego que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la legislación, aunque exigió que el reparto sea “equitativo, bien financiado y planificado”.
Ezcurra también criticó que Cataluña y el País Vasco quedaran excluidos del mecanismo previo de distribución y reclamó que todas las comunidades asuman responsabilidades.
El PP solicita identificar primero a los menores
La dirigente popular pidió que se finalice la identificación y se evalúe la situación individual de los menores antes de realizar los traslados.
Mencionó como tareas pendientes verificar la edad, evaluar vulnerabilidades, solicitar informes sociales y, en su caso, consultar a consulados, al Gobierno marroquí o a la Fiscalía.
Además, subrayó que en ciertos casos los menores tienen derecho a expresar su opinión durante el proceso.
El PP defiende que primero estas acciones deben completarse para luego sentarse con las comunidades y acordar la distribución y la financiación necesaria.
Vox presiona en las autonomías donde gobierna con el PP
La disposición mostrada por la dirección nacional del PP contrasta con la postura de Vox en varias comunidades donde ambos forman gobierno conjunto.
Los acuerdos firmados este año incluyen la promesa de oponerse por vías legales, políticas y administrativas a los mecanismos de distribución de migrantes, incluidos los menores no acompañados.
En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández, adelantó que el gobierno regional empleará todos los recursos para rechazar la distribución.
En Andalucía, el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, anunció que la Junta se opondrá a cualquier reparto propuesto por el Gobierno central. Dirigentes de Vox en Castilla y León y Aragón han expresado opiniones similares.
Galicia, Valencia y Madrid argumentan falta de capacidad
El discurso ha sido distinto en las comunidades gobernadas solo por el PP.
La Xunta de Galicia admitió que será necesario acoger a los menores provenientes de Ceuta. La Generalitat Valenciana no rechazó colaborar pero señaló que sus centros de acogida están “saturados” y evaluará su capacidad.
La Comunidad de Madrid también indicó que sus recursos están al límite. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió que cada país debe responsabilizarse de su infancia, haciendo una crítica más directa a la política migratoria del Ejecutivo.
Sira Rego viajará a Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta para supervisar la acogida de los menores y avanzar en la coordinación entre las administraciones implicadas.
La identificación de niños y adolescentes será clave para determinar cuántos deberán trasladarse y cómo se distribuirán entre las comunidades.
El reparto se perfila como el próximo foco de debate político generado por la crisis fronteriza, con el Gobierno defendiendo su obligatoriedad, el PP solicitando planificación y financiamiento, y Vox presionando para impedirlo desde las autonomías.
