Editorial
Las redes sociales han democratizado la opinión. Eso es una buena noticia. También han democratizado la estupidez. Y eso ya no lo es tanto.
En los últimos días, mientras Ceuta vive una de las mayores crisis de su historia reciente, las redes han servido para informar, organizar ayudas y denunciar situaciones dramáticas. Pero también han sacado a la luz su peor cara: la de quienes confunden la libertad de expresión con el derecho a amenazar, intimidar e insultar impunemente.
La denuncia presentada por el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por las amenazas recibidas en redes sociales no debería sorprender a nadie. Debería servir como aviso.
Durante demasiado tiempo ha existido la falsa creencia de que detrás de un perfil de Facebook cualquiera puede escribir lo que jamás se atrevería a decir cara a cara. Que un nombre falso, una fotografía de perfil y un teclado convierten el delito en opinión. No es así.
La crítica política no solo es legítima, sino necesaria en una democracia. Los cargos públicos deben soportar un mayor nivel de escrutinio y de crítica que cualquier ciudadano. Pero existe una frontera muy clara entre cuestionar una gestión y cruzar la línea de la intimidación o la amenaza. Esa frontera no la fija quien escribe un comentario airado; la marca la ley.
Muchos siguen convencidos de que basta con cambiar el nombre del perfil o esconderse tras una cuenta anónima para ser invisibles. Hasta que llegan las investigaciones, los requerimientos judiciales y el momento de identificar a los responsables. Entonces desaparece el tono desafiante y empiezan los clásicos: “me hackearon la cuenta”, “yo no fui”, “solo compartí un comentario” o “era una broma”. Los insultos se convierten en lloros y las amenazas en lamentaciones.
Internet deja rastro. Las investigaciones pueden apoyarse en distintos indicios técnicos y pruebas digitales, y cuando existen elementos suficientes, corresponde a la Policía y a los juzgados determinar quién está detrás de un perfil y si se ha cometido un delito.
Y conviene lanzar un mensaje que va mucho más allá de este caso concreto. Hoy la denuncia la presenta el delegado del Gobierno. Mañana puede hacerlo un periodista, un médico, un policía, un profesor o cualquier ciudadano que vea amenazada su integridad.
No todo vale.
Ceuta necesita debate, necesita crítica y necesita exigir responsabilidades a sus gobernantes cuando corresponda. Lo que no necesita es una espiral de odio en la que algunos creen que la violencia verbal forma parte del juego político.
Es posible que, cuando esta crisis termine, algunos descubran que el mayor problema no fue el comentario que escribieron en cinco segundos, sino las consecuencias legales y personales que puede acarrear.
Quizá la ruina de muchos no llegue por una mala inversión ni por una hipoteca imposible.
Quizá la ruina de muchos en Ceuta se llame Facebook.
