El tribunal no aprecia motivos para adoptar medidas inmediatas sin escuchar al Gobierno central, al que solicita alegaciones y documentación.
El Tribunal Supremo ha rechazado este martes, 27 de octubre, las medidas cautelarísimas solicitadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta para exigir al Gobierno central un plan urgente de tramitación y ejecución de los expedientes migratorios pendientes.
La decisión no supone el archivo del recurso presentado por el Ejecutivo de Juan Vivas ni resuelve si ha existido inactividad administrativa.
¿Qué reclamaba Ceuta?
La Ciudad Autónoma solicitaba un plan operativo, con medios humanos y materiales, plazos concretos y actuaciones para agilizar los expedientes de expulsión y devolución de los migrantes adultos llegados durante la crisis iniciada en julio.
También reclamaba la ejecución de las resoluciones legalmente procedentes, respetando las garantías y posibles suspensiones judiciales.
¿Por qué rechaza el Supremo la urgencia?
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se ha acreditado una urgencia excepcional que justifique adoptar medidas sin escuchar previamente al Gobierno.
Los magistrados señalan que la supuesta inactividad se habría prolongado durante más de dos meses y medio sin que se hubiera solicitado anteriormente esta intervención urgente.
¿Qué ocurrirá ahora?
El Supremo concede diez días a la Abogacía del Estado para presentar alegaciones y requiere al Ministerio de Presidencia que remita el expediente administrativo en un plazo de veinte días.
Mientras tanto, continúan las devoluciones a Marruecos tramitadas por la Administración central, actuaciones independientes de esta resolución judicial.
El tribunal no ha ordenado nuevas expulsiones ni ha establecido un calendario para ejecutarlas.
La cuestión pendiente es determinar si la actuación del Gobierno central ha sido suficiente y si ha cumplido sus obligaciones legales.
Por tanto, la resolución no da todavía la razón definitiva a ninguna de las dos administraciones: rechaza la urgencia solicitada por Ceuta, pero mantiene abierto el examen de sus reclamaciones.
