El Gobierno anuncia sanciones y desahucios contra quienes alquilen viviendas públicas a inmigrantes llegados durante la entrada masiva de finales de julio
El Gobierno de Ceuta ha decidido poner el foco sobre el presunto uso fraudulento de viviendas de protección oficial como ‘pisos patera’ tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. Emvicesa ya trabaja en el análisis de los casos denunciados y la Ciudad advierte de que no habrá margen para la impunidad.
El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, ha confirmado que se investigarán las situaciones trasladadas por vecinos y que, si se acredita que adjudicatarios de viviendas públicas las están alquilando ilegalmente, la respuesta será contundente: rescisión del contrato, procedimiento sancionador y desahucio.
Los primeros avisos han llegado desde Loma Colmenar, donde vecinos han trasladado al Gobierno que tendrían constancia de personas alojadas en viviendas de promociones públicas en circunstancias que podrían ser incompatibles con las condiciones de adjudicación.
La situación habría comenzado a detectarse tras la llegada masiva de inmigrantes a través del espigón del Tarajal.
Emvicesa analizará los expedientes
Ramírez ha explicado que el Gobierno ya está trabajando con Emvicesa para determinar qué viviendas podrían estar siendo utilizadas de manera irregular y qué medidas corresponden conforme al reglamento de la sociedad municipal.
El Ejecutivo quiere comprobar cada caso y recabar las pruebas necesarias antes de actuar.
Pero el mensaje político ya está lanzado.
“Sin ningún tipo de contemplación”, ha advertido Ramírez al referirse a quienes estén utilizando viviendas públicas para obtener un beneficio económico mediante alquileres irregulares.
Si se acredita la existencia de estos denominados alquileres ‘fantasma’, la Ciudad procederá a la resolución del contrato y a la apertura del correspondiente expediente sancionador, además de adoptar las medidas necesarias para recuperar la vivienda.
La advertencia: las VPO no son un negocio particular
El Gobierno pretende dejar claro que una vivienda pública adjudicada para atender una necesidad residencial no puede convertirse en una fuente de ingresos mediante su alquiler clandestino ni en un alojamiento masificado.
“Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato”, ha señalado el portavoz.
La investigación también alcanza a garajes vinculados a promociones públicas, después de que se hayan trasladado al Ejecutivo casos de presuntos alquileres ilegales de espacios que forman parte de promociones dependientes de la Ciudad Autónoma.
El problema no se limita a las viviendas públicas
La investigación de Emvicesa afecta exclusivamente a los inmuebles de titularidad pública. Fuera de este ámbito, vecinos de otras zonas de Ceuta también han denunciado la proliferación de viviendas utilizadas presuntamente como ‘pisos patera’.
En Canalejas y el entorno del Recinto, residentes han alertado de alquileres que, según sus testimonios, llegarían hasta los 2.400 euros mensuales, así como de la presencia frecuente de adolescentes en las calles de la zona.
La entrada masiva de finales de julio habría agravado una problemática que ahora vuelve a colocar el foco sobre el mercado del alquiler y, especialmente, sobre aquellos propietarios o adjudicatarios que puedan estar intentando hacer negocio con la emergencia migratoria.
En el caso de las viviendas públicas, el Gobierno asegura que Emvicesa ya está sobre el terreno y que, si las irregularidades se prueban, los responsables perderán la vivienda y se enfrentarán a las sanciones correspondientes.
