La consejera de Hacienda deberá declarar el 22 de septiembre por un contrato de más de 2,3 millones de euros adjudicado a una empresa vinculada al entorno familiar de Navil Rahal
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, vuelve a situarse bajo el foco judicial. El próximo 22 de septiembre deberá declarar como investigada por la adjudicación del contrato de los mataderos portátiles para la Fiesta del Sacrificio, un procedimiento por 2,31 millones de euros en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos.
La causa, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, también afecta como investigado al diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal. La empresa adjudicataria, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Rahal, que comparecerá como testigo.
El expediente ha sido cuestionado, entre otros aspectos, por el importe del contrato, el incremento previo de la partida presupuestaria y la relación entre la adjudicataria y el entorno familiar del diputado.
Una consejera bajo creciente escrutinio
El caso de los mataderos portátiles se suma a otros procedimientos y actuaciones judiciales pendientes en los juzgados de Ceuta relacionados con contratos y decisiones de la gestión económica de la Ciudad, situando nuevamente a Chandiramani en el centro del escrutinio judicial.
La declaración del 22 de septiembre supone así un nuevo capítulo para una consejera que durante años ha concentrado buena parte de la responsabilidad sobre las áreas económicas y de contratación del Gobierno de Juan Vivas.
La Justicia deberá determinar si en este contrato existieron finalmente las irregularidades denunciadas y, en su caso, si de ellas se derivan responsabilidades penales.
Chandiramani acudirá al juzgado como investigada, una condición que no implica una condena ni presupone su culpabilidad.
